Dos profesoras con discapacidad, una visual y la otra auditiva, han denunciado sus respectivos ceses cuando realizaban sus prácticas en Canarias tras aprobar las oposiciones de Educación.

El motivo en ambos casos es un informe de la comisión de evaluación médica que las declara «no aptas», uno de los requisitos establecidos para el ingreso en el cuerpo de funcionarios.

Una de las afectadas es Uxía García, gallega de 28 años, quien aprobó las oposiciones en Canarias y consiguió una de las plazas reservadas para personas con discapacidad, en su caso visual del 66%.

Comenzó a trabajar en la especialidad de pedagogía terapéutica, en fase de prácticas, el pasado septiembre en un colegio de La Orotava (Tenerife) y a los pocos días la inspección médica la citó para una entrevista, tras la cual fue declarada no apta y cesada de su puesto.

El otro caso es el de Laura Cánovas, especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas también tras aprobar las oposiciones en Canarias.

En su caso fue destituida de su puesto al ser declarada no apta para desempeñar sus funciones por tratarse de una persona sorda, a pesar de su desempeño durante cinco años en los que no recibió quejas de sus superiores ni del centro educativo.

«Solo pido que se cumpla la ley y que se tengan en cuenta mi experiencia y capacidades», ha declarado la afectada, que ha presentado un recurso de reposición y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Confederación Estatal de Personas Sordas, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (Asorte) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Según exponen estas organizaciones, el incumplimiento de unos «ajustes razonables perpetúa una barrera estructural que impide a las personas con discapacidad acceder y mantenerse en el empleo público».

No solo vulnera derechos fundamentales, sino que envía un mensaje desalentador a otras personas con discapacidad

Recalcan que la resolución de la Consejería de Educación «no solo vulnera derechos fundamentales, sino que envía un mensaje desalentador a otras personas con discapacidad que aspiran a una carrera profesional en igualdad de condiciones».

Fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias consultadas señalan que la comisión de evaluación médica es un «cuerpo independiente» adscrito a la Consejería de Presidencia cuyos informes son vinculantes.

Pese a ello, el departamento autonómico ha acordado «como medida provisional hasta una resolución definitiva» de los tribunales de Justicia la suspensión cautelar del cese de Uxía García, con lo que podrá reincorporarse a su puesto pero no como funcionaria de carrera.

Esta docente contaba con informes favorables de Inspección Educativa, de la directora del centro en el que trabajaba y de la tutora de sus prácticas, con los cuales y con un seguimiento médico que se le realizará se ha adoptado esta medida provisional.

En cuanto a Laura Cánovas, las fuentes de Educación señalan que se trata de un caso similar y que se están estudiando las circunstancias para ver si se procede en el mismo sentido.