Hasta 6.000 ascensores siguen aún sin reparar en la zona cero de la DANA

Dos meses y medio después de la catastrófica DANA que inundó varias comarcas valencianas y que ha dejado 224 muertos, tres desaparecidos e ingentes daños materiales, Miguel Almena sigue confinado en su casa contra su voluntad. Este vecino de Aldaia, como otros miles de decenas de localidades, sufre el colapso del ascensor de su edificio como una condena. Solo la visita esporádica de voluntarios de Cruz Roja le permite asomarse a la calle. El problema, en términos generales, va para largo, ya que hasta 6.000 elevadores de los 10.000 dañados inicialmente continúan a la espera de ser reparados en la zona cero, según las empresas del sector, y el horizonte temporal que manejan pasa por ir solucionando las averías a lo largo de este año, por lo que piden «paciencia». Mientras, las entidades de la discapacidad instan a la Generalitat a cruzar datos para poder priorizar los bloques en los que viven personas mayores o dependientes.

El cuello de botella para atender las miles solicitudes de reparación de estos elementos tiene que ver con dos aspectos: la falta de personal y de piezas. Según explica el presidente de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval), Emilio Carbonell, el número de elevadores afectados ha bajado desde los 7.000-10.000 iniciales a un rango entre 2.000 y 6.000, que son los que quedan todavía por reparar, aunque la cifra se actualizará y concretará esta semana tras las Navidades. Estos últimos casos son los más «complicados», ya que los materiales como motores, pistones y cabinas resultaron muy dañados al quedar sumergidos. «Hay que reponerlos tras la limpieza, tener el material y volver a instalarlos. En el mejor de los casos hablamos de un plazo de seis semanas por ascensor«, explica el dirigente patronal.

En la provincia de Valencia se instalan de media al año unos 1.500 ascensores nuevos, por lo que la colocación de 2.000 (la cifra más baja de la horquilla prevista) supone tener que duplicar la capacidad de las empresas locales. «Lo más difícil es tener montadores cualificados», afirma Carbonell. Por ello, Ascencoval ha organizado tres cursos de formación en colaboración con la Federación del Metal (Femeval) y el Servicio Valenciano de Empleo (Labora). El primero está previsto para este mes de enero y los otros dos ya han sido convocados. La Generalitat, de hecho, está localizando operarios de este ámbito, a los que proporciona alojamiento y transporte para que puedan prestar asistencia en las zonas afectadas por las riadas.

Esta situación está afectando especialmente a las personas con movilidad reducida, discapacidad o dependencia. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi CV) ha presentado a la Generalitat una propuesta de decreto para reponer los ascensores inoperativos mediante un procedimiento administrativo excepcional y también ha solicitado a la Conselleria de Bienestar Social que cruce sus datos con otros departamentos y administraciones para averiguar el número de personas confinadas a la fuerza en sus viviendas y la ubicación de las mismas para priorizar estos casos. «Los ascensores constituyen un derecho básico de las personas. En estos casos no pueden salir de sus propias viviendas o recibir servicios domiciliarios», expone el presidente de la entidad, Luis Vañó.

Por ello, insiste en que se aborde un «plan de emergencias inclusivo» que refleje esta realidad. «No podemos ir a salto de mata como vamos en este momento», denuncia. Mientras se reparan definitivamente los elevadores, pide la instalación de salvaescaleras o elevadores provisionales, porque «no se puede depender de la buena voluntad de familiares, voluntarios o asociaciones para bajarlos» a la calle.

A este problema se une el económico, ya que, mientras los seguros (en el caso de tenerlos contratados) evalúan los daños, numerosas comunidades de vecinos «tienen que adelantar una derrama para las reparaciones que en el caso de edificios con pocas viviendas pueden ser de hasta 5.000 euros por puerta», asegura Vañó, y no podrán pagarla. «Es un problema muy crítico que está invisibilizado, pero para las personas con movilidad reducida tiene una relevancia brutal, es una barrera insalvable para su autonomía», añade el presidente del Cermi CV.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, dijo tras el pleno de la semana pasada que su departamento llevan «desde el principio» trabajando de la mano del Cermi y con los ayuntamientos para detectar cuáles son las personas vulnerables de esas localidades. «No solamente para ayudarles a bajar, les hemos puesto hasta grúas en algunos de los municipios, sino también llevándoles la alimentación, la medicación y el personal de asistencia que han requerido». Además, aseguró que varias consellerias están tratando de solucionar la «problemática» de los ascensores.

Nueva ayuda de 2.000 euros por coche

El pleno del Consell tiene previsto aprobar este martes una partida extraordinaria inicial de 250 millones de euros para compensar «sin condición, sin fiscalidad, de manera exprés y con la mínima burocracia» la pérdida de vehículos a consecuencia de la DANA. Según avanzó el pasado viernes el president Carlos Mazón, se concederán 250 euros por ciclomotor, 750 por motocicleta, 2.000 por turismos, furgonetas o similares y 2.500 euros a los adaptados a personas con movilidad reducida.