Debido a los conflictos bélicos y a otro tipo de desplazamientos forzosos, como desastres naturales, el número de personas que tiene que buscar refugio o asilo es países como España es cada vez mayor.

Para acoger a estas personas, existen en nuestro país una serie de protocolos. Sin embargo, como se puso de manifiesto en la jornada ‘Encuentro en la interseccionalidad. Discapacidad y refugio’, organizada por ONCE, CERMI y ACNUR, estos protocolos no tienen en cuenta a las personas refugiadas o demandantes de asilo que tienen discapacidad. De hecho, como reconoce Gregorio Saravia, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, ni siquiera existen datos sobre cuántas o qué porcentaje de las personas refugiadas tiene algún tipo de discapacidad.

Esto provoca que estas personas estén todavía más desamparadas, «hace falta una alianza entre el tercer sector de la discapacidad y el sector que trabaja con personas refugiadas y solicitantes de asilo. Y eso es lo que estamos intentando hacer entre CERMI, ONCE y ACNUR, además de con la administración, que no sabe muy bien cómo abordar el problema», asegura Saravia, «porque a día de hoy, al sector de la discapacidad le falta tener conocimientos sobre el sistema de protección internacional y al sistema de protección internacional le faltaba tener conocimiento sobre discapacidad y las necesidades de las personas con discapacidad».

Todo eso lleva a que, una vez en su país de destino, las personas refugiadas que además tengan discapacidad se encuentren con obstáculos en la asistencia y la acogida porque, como asegura el delegado de CERMI, «no se trata solo de poner recursos, sino que los recursos sean adecuados, porque cada persona con discapacidad tiene unas necesidades muy diferentes«.

Karima Hassanyar, que lleva 10 meses en España junto a su marido Nassir y su hijo, es una de esas personas que necesitan de unos recursos específicos, porque tanto ella como su marido, tienen discapacidad. Ambos a raíz de una explosión, algo muy común en países como Afganistán, que es de donde proceden. De hecho, también tiene discapacidad su hermano, que se ha quedado en su país junto al resto de su familia.

Salieron de su país por varios motivos, pero principalmente, como explica Karima, «salimos de allí en 2022, cuando llegaron los talibanes al poder, porque no dejan trabajar a las mujeres, ni salir a la calle sin su marido. Además, las personas con discapacidad allí lo tenemos mucho más difícil en todos los sentidos».

Dejé Afganistán porque los talibanes no dejan trabajar a las mujeres y porque las personas con discapacidad allí lo tenemos muy difícil

De hecho, antes de los talibanes, ya no lo tenían fácil. Ella pudo estudiar medicina y encontró trabajo en un hospital de Kabul en la Cruz Roja, en el que atendía a personas con discapacidad y donde todos sus compañeros sanitarios también tenían discapacidad. La mayoría, como es el caso de ella y su marido, con discapacidad física a causa de explosiones, «allí explotaban bombas todas las semanas», nos cuenta.

Gracias a una periodista española, logró, junto con otros compañeros médicos, salir de Afganistán y refugiarse provisionalmente en Irán, desde donde pudo pedir asilo. Desde allí, llegaron a principios de año a España, donde les atienden ONG como Rescate y AMAE (Asociación de Mujeres Afganas en España).

Aunque es cierto que están encantados con la atención y la ayuda, muchos de los recursos que existen no están adaptados para personas con discapacidad. Ambos estudian español, lo que sin duda les abrirá puertas para trabajar, pero, por ejemplo, los cursos que hace su marido para abrirle las puertas al mercado laboral no son los más adecuados para personas que, como él, necesitan una prótesis de pierna y tiene dificultades para caminar. Y a ella, que trabajaba como médico ortopedista, no tiene acceso a día de hoy -pues viven en un pequeño pueblo de Guadalajara- a cursos de profesiones sanitarias para poder ejercer algo parecido a la profesión que desempeñaba en su país, que es, además, lo que a ella le gustaría hacer, «quiero trabajar en un hospital», repitió en varias ocasiones.

Con más formación para las personas que trabajan ayudando a los refugiados, estos problemas se podrían minimizar, los apoyos podrían ser más individualizados, «desde CERMI insistimos en lo importante que es la pedagogía en cuestiones de discapacidad, y ya no solo con los trabajadores sociales u otras personas que atiendan a personas que solicitan asilo, también la policía, la Guardia Civil, el personal de ONG… por eso es importante que la gente de ACNUR sepa de discapacidad, y que el CERMI sepa de refugiados, para que sepamos con qué tipo de dificultades se puede encontrar una persona solicitante con discapacidad», insiste Gregorio Saravia.

En trámites para conseguir la discapacidad… y prótesis

En el momento en que una persona es refugiada entra en España, tiene una serie de derechos recogidos tanto en la normativa nacional como en la normativa internacional ratificada por España, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, pero, como explica Gregorio Saravia, la discapacidad les impide muchas veces acceder a esos derechos, «en situaciones de emergencia, tienen los mismos derechos que las demás personas -como el derecho a la vida, a la integridad física, a no víctima de abuso …-, pero encuentran con barreras que les impiden acceder a ellos», es decir, que tienen que poder ejercerlos en condiciones de igualdad con el resto de las personas, pero su discapacidad se lo dificulta. Para ejercerlos en condiciones de igualdad necesitan apoyos personalizados y, sobre todo, accesibilidad.

En el caso de Karima y su marido, es cierto que tienen asistencia sanitaria, pero, no todo lo rápida que se necesitaría en caso. Tanto ella como su marido como ella necesitan prótesis nuevas para poder llevar una vida normalizada y trabajar. Él tiene la prótesis rota desde hace más de un año, pero sin un especialista que se la prescriba, no puede acceder a ella debido a su elevado precio. Lo que sí ha conseguido es obtener la tarjeta de discapacidad para acceder a algunos derechos, algo para lo que ella tendrá que esperar, «me han dicho que primero tenemos que resolver lo de mi marido, y que luego ya empezamos con lo mío», asegura resignada Karima.

Ellos necesitan este reconocimiento con premura, pues las prestaciones que reciben como refugiados se acaban y necesitan que al menos uno de ellos trabaje. Sin tarjeta de discapacidad y sin apoyos, lo tienen más difícil, «sabemos que han llegado a España, de conflictos como el de Ucrania, personas con discapacidad, con todos los problemas que se puede encontrar una persona en esa situación tan extrema, pero con una serie de necesidades adicionales que había que atender. Y lo cierto es que no estamos preparados para hacerlo, porque ni en España ni en otros países se tiene en cuenta la situación de discapacidad de las personas que llegan cuando se preparan los protocolos, se disponen de los espacios de acogida o cuando se establecen los itinerarios de inclusión. Si no hemos tenido en cuenta la discapacidad, nos vamos a encontrar con una serie de problemas y de exclusiones de derechos muy graves«, asegura Saravia.

Ni en España ni en otros países se tiene en cuenta la situación de discapacidad de las personas que llegan

Desde CERMI, junto con ONCE, ACNUR y diversos ministerios, están intentando solventar estos problemas, «lo primero es tomar conciencia de que esto es una responsabilidad compartida, porque ninguna administración pública tiene todas las herramientas para hacer que una acogida sea realmente inclusiva. Necesitamos la cooperación, alianzas, la colaboración público privada, el tercer sector… y la participación de las propias personas con discapacidad, y esa participación pasa, necesariamente porque tengan información, conozcan sus derechos, que pueda comprender su situación… y eso se consigue con accesibilidad».

Karima y su marido están deseando poder hacerlo, poder participar y poder aportar su granito de arena en un país que los ha acogido con los brazos abiertos, y tienen muy claro cómo quieren hacerlo, «no nos gustaría volver a Afganistán, porque no es un lugar bueno para que vivan las mujeres ni las personas con discapacidad. Yo quiero quedarme y, como hacía en mi país, trabajar en un hospital para seguir ayudando a las personas con discapacidad».