La administración pública es la que menos cuida a los cuidadores

Hoy es el día de los cuidadores, una jornada en la que todos los medios y muchas administraciones públicas recalcarán la importancia de cuidar al cuidador. Nos darán consejos para sobrellevar la carga de los cuidados, que hagamos deporte, cultivemos relaciones sociales, comamos y durmamos bien y pidamos ayuda profesional si la necesitamos.

Sobre la ayuda profesional podríamos hablar otro día, dada la lista de espera que existe por la vía pública para acceder a un psicólogo. También sobre la dificultad para apuntarse al gimnasio o quedar a cenar cuando se nos necesita en casa y la discapacidad nos ha empobrecido. De lo que quiero hablar hoy, porque me parece fundamental, es de cómo la administración pública no para de poner palos en las ruedas de un carro traqueteante al que ya le cuesta bastante avanzar aún sin baches en el camino.

Yo tengo dos personas con discapacidad y muy dependientes a mi cargo. Una es mi hijo, desde que nació, con autismo no verbal y necesitado para todo de la ayuda de terceros. Otra es mi marido, desde que el mes de mayo de 2023 un aneurisma le produjera un daño cerebral adquirido que le ha dejado grandes secuelas y sujeto a una silla de ruedas.

Durante todo este tiempo, que me ha puesto a prueba en todos los sentidos, lo que más me agota y no exagero es la pelea en la que nos embarcan a los cuidadores, con trámites kafkianos y demoras inexcusables.

Un ejemplo personal. En estos momentos tengo dos personas con movilidad reducida a mi cargo y ninguna tarjeta azul disponible. La de mi hijo porque había que renovarla y pese a presentar toda la documentación en tiempo y forma, el ayuntamiento de mi ciudad más de un mes después aún no me ha facilitado la nueva. No le vale el documento oficial que yo les presento y la comunicación entre administraciones se demora. Mi marido porque lleva a la espera de la valoración de su discapacidad desde enero de este año. 11 meses moviéndonos en silla de ruedas sin la tarjeta azul y sin noticias de ella. Acercarse a pedir si es posible acelerar el proceso no sirve de nada, aunque les digas que la silla provisional que usa está en las últimas y que en la ortopedia no podrán aplicarte el IVA reducido en la nueva que tienes que comprar ya o que corres el riesgo de perder un seguro. De las ayudas a la dependencia de ambos, valorados antes del verano, tampoco sabemos nada.

Es solo una muestra de lo que enfrentan todas las personas cuidadoras de otras con discapacidad. Tener que pedir padrones repetidamente porque caducan para distintas gestiones; cartas certificadas amenazantes de retirar prestaciones si no se presentan documentaciones a tiempo que otras administraciones tardan en entregar; formularios escritos en la antítesis a la lectura fácil; incompatibilidades ilógicas en los recursos a la dependencia; funcionarios muy amables pero con las manos atadas a la hora de acelerar o facilitar procesos; ayudas que no se reciben; personas que mueren antes de recibirlas…

Una vergüenza que salpica al Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y a nadie parece importarle. Que esperen, que se aguanten, que tiren de ahorros si los tienen, que sufran todos esos cuidadores que, en gran medida, están asumiendo responsabilidades que corresponden al Estado. Se podría solucionar con voluntad y recursos: abriendo más centros base, creando de paso más puestos de trabajo, mejorando el cruce de datos, siendo más proactivos y humanos a la hora de informar sobre las ayudas existentes y gestionarlas.

Los cuidadores no necesitamos que nos aconsejen hacer deporte, salir con amigos o cuidar nuestro sueño, necesitamos imperiosamente que dejen de existir las listas de espera de la vergüenza en discapacidad y dependencia, los procedimientos endemoniados y las incompatibilidades entre ayudas.