Como cada año, el último domingo de septiembre se celebra, como colofón a la semana internacional, el Día Mundial de las Personas Sordas, un colectivo que se calcula que es de más de 400 millones de individuos -si se tienen en cuenta todas las personas con problemas auditivos discapacitantes- o de 70 millones si solo se tiene en cuenta el colectivo que se comunica en lengua de signos.

En cualquier caso, se trata de un colectivo muy numeroso que, cada año por estas fechas aprovecha para reivindicar sus derechos y unas políticas públicas que los respeten y los garanticen. Entre ellos, un acceso a la educación equitativo para todos los alumnos o más accesibilidad en entornos culturales o de ocio.

Para dar voz a estas reivindicaciones, especialmente en materia de educación, preguntamos a las dos principales entidades que representan a las personas sordas en España: CNSE -Confederación Estatal de Personas Sordas- y FIAPAS -Confederación Española de Familias de Personas Sordas.

Un alumnado que clama por sus derechos educativos y lingüísticos

En España, según datos del Ministerio de Educación relativos al curso 2021-2022, hay 9.410 alumnos sordos, un 95% (8.976) escolarizados en centros ordinarios y un 5% en centros de educación especial. Según José Manuel Cercas, vicepresidente 1º de la CNSE, es probable que estas estadísticas se queden cortas, pues no tienen en cuenta los alumnos «que no declaran su condición de persona sorda o que no recibe apoyo educativo».

Mª Carmen Sacacia Araiz, presidenta de FIAPAS, quiere destacar que la inmensa mayoría de ellos, «son usuarios de usuarios de prótesis auditivas (audífonos y/o implantes)».

El resto, aunque como indican desde CNSE no hay datos oficiales, necesitarían de la lengua de signos para acceder a la educación en igualdad de condiciones, algo que, como denuncian, no se cumple en muchos casos, además de que «no se trata de números, sino de garantizar el derecho de este alumnado a usar la lengua de signos en su escolarización», insiste José Manuel Cercas.

Sin embargo, lejos de dividir entre ‘signantes y orales’, el colectivo en su conjunto demanda que se garantice el derecho a educación sea cual sea su forma de comunicarse, «algunos alumnos incluso denuncian que se les ha instado a definirse como ‘oralistas o signantes‘, cuando la realidad es que no son opciones excluyentes, sino complementarias», añade Cercas.

Más lengua de signos en el sistema

La lengua de signos está considerada una lengua de pleno derecho, pero en la práctica es un derecho reconocido que en muchos casos no se materializa, y en algo tan esencial como es la educación. Además, como explica José Manuel Cercas, no solo es cuestión de intérpretes de lengua de signos, sino que existen más figuras, «la incorporación de la lengua de signos en el sistema educativo puede resultar de la presencia de diferentes perfiles profesionales vinculados con ella: profesorado competente en lengua de signos, profesionales sordos especialistas en lengua de signos, intérpretes de lengua de signos, mediadoras/es comunicativas/os…», aclara.

En las etapas de Infantil y Primaria está la figura del profesional sordo especialista en lengua de signos, un «referente sordo adulto que actúa como modelo lingüístico para asegurar la correcta transmisión y adquisición de esta lengua por parte de las niñas y los niños sordos, y contribuye a la construcción de una imagen positiva de sí mismos».

A pesar de la importancia de esta figura, Cercas alerta de que ninguna administración pública asume directamente su gestión, «se deja o bien a iniciativa de los propios centros, o a través de algún convenio de colaboración con entidades externas. Por ejemplo, en el curso 2018/2019, había 36 especialistas en lengua de signos para 66 centros en solo 6 comunidades autónomas. En otras 8 comunidades recurrían a intérpretes para ambas etapas educativas, y en el resto, no contaban con personal ajeno a sus propios profesionales».

Ya en Secundaria y en la propia Universidad se encuentra la figura del intérprete de lengua de signos, cuya escasez, alerta, «es patente. La ausencia de intérpretes en las aulas es una problemática que se repite año tras año con la consiguiente presión e incertidumbre que genera a los estudiantes. Y cuando los hay, tampoco está asegurado que estén presentes todas las horas lectivas y, mucho menos, que tengan la formación especializada que requieren”.

La ausencia de intérpretes en las aulas es una problemática que se repite año tras año con la presión e incertidumbre que esto genera a los estudiantes

En muchos casos, buena parte del alumnado sordo comienza el curso sin intérpretes o no los tienen todo el horario lectivo, «incluso si usan implante coclear o audífono, se les niega la posibilidad de contar con la lengua de signos en las clases porque muchas veces les obligan a elegir. Imponer a las familias y al propio alumnado la condición de no utilizar la lengua de signos es una aberración que contraviene la ley», lamenta Según José Manuel Cercas.

Desde CNSE consideran, por tanto, que se vulneran los derechos de estos alumnos, pues, «si observamos cuántas escuelas cumplen las recomendaciones de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tan solo podríamos hablar de aproximadamente 30 en toda España. En definitiva, no contamos con una red de centros bilingües suficiente«. Donde más se observa esta vulneración es en zonas rurales y en ciudades pequeñas,

La CNSE aboga, por tanto, «por un modelo de educación inclusiva en el que tenga cabida el enfoque bilingüe intermodal o plurilingüe, es decir, dos o más lenguas, al menos una lengua de signos y una lengua oral, en entornos donde también haya otras niñas y niños sordos. Un modelo que considere la lengua de signos como una lengua vehicular más, plena y de gran valor patrimonial que cumple con todas las funciones de igual modo que las lenguas orales. La educación en lengua de signos para el alumnado sordo y sus familias es un derecho, y nunca un privilegio que dependa de territorios, de mayorías, de recursos económicos, o de sensibilidades».

Los alumnos sordos que oyen también necesitan apoyo

Además de no respetar los derechos lingüísticos de las personas sordas, se comete otro error fundamental, que es pensar que los alumnos sordos que pueden oír gracias a una prótesis auditiva, ya sea implante coclear o un audífono, no necesitan adaptaciones o no encuentran barreras en su entorno. Sin embargo, no es así, pues «por muy buena audición funcional que obtengan de sus prótesis, por muy bien que hablen, existen barreras que impone la distancia con el profesor, los ruidos habituales en el aula, la reverberación y el ruido de fondo… que dificultan el acceso a la información, a la comunicación y, en definitiva, al aprendizaje», explica Mª Carmen Sacacia Araiz.

¿Qué necesitan, entonces, estos alumnos para poder acceder a la educación en igualdad de condiciones? Básicamente, «que se pongan a su alcance todos los recursos para la accesibilidad auditiva, a la información y a la comunicación que en la actualidad brinda el progreso tecnológico. Productos, recursos de apoyo necesarios y metodologías inclusivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todo el entorno educativo y no solo en el aula de clase (patio, comedor, excursiones, extraescolares…)».

Por muy buena audición funcional que obtengan de sus prótesis, existen barreras que dificultan el acceso a la información, a la comunicación y al aprendizaje

En concreto, son necesarios «productos de apoyo a la audición como bucle magnético, sistemas FM o micrófonos en remoto, para poder ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes». Medios que, en muchos casos, no conocen ni los propios docentes, «una tarea que continúa estando pendiente es la formación del profesorado en la aplicación de metodologías y recursos inclusivos y accesibles», como lamenta Carmen Sacacia.

Ambos representantes coinciden que, ya sean alumnos orales o signantes, en ninguno de los casos sus derechos se cumplen plenamente, pues, aunque reconocen que «la legislación educativa es generosa y explicita y contempla que el alumnado con sordera, disponga de los medios y productos de apoyo que precise», en la práctica, las Administraciones no siempre proporcionan los recursos de apoyo que requiere este alumnado».

Más accesibilidad en todas las facetas de la vida

La educación es fundamental para el desarrollo óptimo de las personas sordas, pero no es el único ámbito en el que falta accesibilidad, a pesar de la cantidad de los servicios de interpretación que ya hay disponibles para que estas personas puedan comunicarse y disfrutar de una información sin barreras.

Estos ámbitos son, por ejemplo, los contenidos audiovisuales, el ocio, a la cultura u otros tan esenciales como el sanitario, «si tenemos que ir al médico y no hay disponibilidad de estos servicios, debemos esperar a concertar su cita hasta encontrar una intérprete disponible o acudir sin ir acompañados, lo que imposibilita la relación con los profesionales sanitarios y vulnera el derecho que como paciente tiene a contar con toda la información sobre su diagnóstico y/o acerca del tratamiento. Y lo mismo sucede con la atención para mujeres sordas víctimas de violencia de género, la teleasistencia accesible para las personas mayores sordas, las relaciones con las administraciones públicas, o los servicios de emergencia», se queja el vicepresiente de CNSE.

Las personas con sordera y sus familias tienen el derecho a participar en igualdad de condiciones que los demás

Para derribar estas barreras, además de más intérpretes en lengua de signos -que desde CNSE denuncian que cada vez se forman menos-, desde FIAPAS reclaman que en cualquier espacio, actividad y entorno, las personas con sordera cuenten con «medios de apoyo a la comunicación oral, como el subtitulado (en el cine, en el teatro, en una conferencia, en la televisión, en una videoconsulta…), productos de apoyo a la audición que permitan la accesibilidad auditiva en el transporte, en el entorno sanitario, en espacios culturales…».

Además de la accesibilidad en las situaciones de emergencia, «resultan también una gran preocupación, debido al desconocimiento de las necesidades de las personas con sordera, las estrategias de comunicación que precisan y los productos de apoyo a la audición y a la comunicación que esto pueden requerir para asistirles en cualquier situación de emergencia».

Desde FIAPAS este año tienen además otra demanda que hacer a la administración que tiene que ver con la prevención y la detección precoz. En la actualidad, existe el cribado neonatal, destinado a detectar sorderas congénitas. Sin embargo, consideran que este cribado ya se quedado corto, pues consideran que no es suficiente para «detectar todas las sorderas que se pueden presentar durante la infancia. Y tenemos que ir más allá».

Y ese más allá implicaría «superar el actual listón de los programas de detección precoz de la sordera neonatal y que se amplíe la detección, el tratamiento y el seguimiento de las sorderas infantiles a lo largo de la edad pediátrica».

Mientras esto ocurre, «nuestra reivindicación es clara: las personas con sordera y sus familias tienen el derecho a participar en igualdad de condiciones que los demás» y esto solo pasa «por que se pongan a su alcance todos los recursos para la accesibilidad auditiva, a la información y a la comunicación».