La fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinadora de los servicios de atención a las personas con discapacidad y a los mayores, María José Segarra, ha explicado que nota «voluntades cautivas» entre las personas mayores que están al cargo de cuidadores, por lo que ha apelado a que sus problemas lleguen a la Fiscalía.

Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Segarra explica en una entrevista con EFE que la ausencia de denuncia es una cuestión clave para abordar estos casos, para lo que la Fiscalía ya ha adoptado medidas como el convenio que tiene con Cruz Roja.

Las personas afectadas están en situación de «extrema vulnerabilidad» porque viven al cuidado de terceros y temen perder su favor o que las ingresen en residencias, por lo que ve incluso «voluntades cautivas».

«Queremos que esa cifra de ausencia de denuncia o simplemente de transmitir que no estoy de acuerdo con lo que están decidiendo por mí, nos llegue», continúa.

Es una cuestión clave para la Fiscalía, que ve como línea de trabajo ese contacto «con el tercer sector» que, en el caso de Cruz Roja, se traduce en que hay una puesta en conocimiento directa sin necesidad de denuncia.

«Los fiscales que llevamos discapacidad en el ámbito civil hacemos un estudio para ver qué es lo que pasa en esa familia, qué es lo que quiere la persona. Hablamos con ella o a través de trabajadores sociales que tenemos en las fiscalías o en los ayuntamientos y si es necesaria alguna actuación, que puede ser solo en el orden civil, para prestar el apoyo a las personas, o pueden ir en el orden penal, a interponer una denuncia si lo que hay es una situación delictiva», añade.

Pero los problemas de las personas mayores no solo son de maltrato directo sino que se extienden a otras cuestiones como las estafas o las apropiaciones patrimoniales, para las que la Fiscalía también ha suscrito un convenio con las entidades bancarias por si se producen movimientos de dinero que pueden ir contra su voluntad.

«Tiene una doble perspectiva, por un lado, proteger el patrimonio de las personas mayores cuando tenemos una mayor vulnerabilidad, incluso ante los medios tecnológicos. Pero además, en ese protocolo con los bancos hemos querido darle a la persona y facilitar a su familia cómo desarrollar su vida al margen de incapacitarla», relata.

Es necesario el cambio de interpretación de «las antiguas tutelas, las antiguas patrias potestades prorrogadas» que deben interpretarse de acuerdo a la nueva ley

En concreto, se ha creado un acuerdo interpretativo de las nuevas formas de apoyo de la ley 8/1 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que es «una buena solución para las familias» para proteger a la persona mayor y «facilitar la vida ordinaria».

Segarra detalla que está pendiente de ampliar el plazo para revisar las medidas en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pues hay más de 108.000 casos pendientes de resolver y el plazo terminaba en septiembre.

La idea es «introducir una enmienda» en el proyecto de ley que está en estado de tramitación «para hacer una ampliación de ese plazo por tres años más», una cuestión importante para evitar «una merma de derechos en las personas» porque es necesario el cambio de interpretación de «las antiguas tutelas, las antiguas patrias potestades prorrogadas» que deben interpretarse de acuerdo a la nueva ley.

«No existe ya esa tutela para todo, no existe ya esa patria potestad y yo decido hasta la ropa que te pones porque se tienen que interpretar como curatelas de acuerdo con los nuevos criterios de la ley, pero eso no quita para que evidentemente haya distintas velocidades, personas que ya tienen su traje con arreglo a los nuevos principios y quienes todavía no», declara.

En todo caso, «la prórroga es necesaria» porque faltan tres años y cuatro meses en un cálculo aritmético para resolver los casos pendientes a pesar de que están en «una velocidad de crucero este año increíble» y este año se han resuelto un 50 % más de expedientes que el año anterior.

Otra cuestión que suscita dudas en materia de dependencia se refiere a la de menores tutelados por las comunidades autónomas, pues su situación cambia en cuanto llegan a la mayoría de edad.

«No tiene por qué haber un vacío porque se puede prevenir», desarrolla y dice que son casos tanto para menores que están bajo la tutela de una entidad pública como otros que están con sus padres y a partir de los 16 años pueden acudir a un notario y diseñar un programa de apoyos y asistencial, pues esta debe continuar al margen del posible expediente de apoyos para la capacidad jurídica.