Objetivos, desafíos, plazos… Así es la nueva estrategia estatal que quiere transformar el modelo de cuidados

El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado este martes la nueva estrategia estatal de cuidados, con la que quieren, según su propio nombre indica, cambiar el modelo y virar hacia uno nuevo basado en los cuidados en la comunidad y la desinstitucionalización.

La estrategia, que está contemplada para ser desarrollada entre 2024 y 2030, estará dotada con más de 1.300 millones de euros de fondos europeos, que se destinarán en su mayor parte a las Comunidades Autónomas, y se irá complementando en los años sucesivos a través de Planes Operativos.

Entre sus grandes objetivos, además de atender a las personas que en España requieren de algún tipo de cuidado -que se calcula que es el 10% de la población total-, cambiar el modelo hacia uno que sea más respetuoso con la voluntad de las personas que reciben los cuidados, priorizar los apoyos en la comunidad -en lugar de en entornos institucionalizados como las residencias- y mejorar las condiciones de las personas que se encargan de los cuidados, como apuntan en la introducción de la Estrategia, «apoyar a las familias de estas personas, así como a las trabajadoras y trabajadores del sector de los cuidados y apoyos y de las personas que cuidan».

A quién está dirigida

En primer lugar, la estrategia afecta a las personas ‘cuidadas’, es decir, a aquellas que requieren de algún tipo de apoyo para desenvolverse en su vida diaria, pero que quieren decidir sobre su propia vida, pues la inmensa mayoría de ellos -un 90%- prefiere vivir en comunidad, en sus hogares, que de manera institucionalizada. Estas personas son, principalmente:

• Personas mayores.

• Personas con discapacidad.

• Menores en situación de riesgo o de desamparo y personas jóvenes extuteladas.

• Personas en situación de sinhogarismo.

• Otros colectivos institucionalizados, como personas con problemas de salud mental o víctimas de violencia de género o violencia sexual.

En la actualidad, viven institucionalizadas, es decir, en atención residencial: 288.765 personas mayores de 65 años, 32.934 personas con discapacidad, 17.061 niños, niñas y adolescentes y 11.498 personas en situación de sinhogarismo.

Además, se verán afectadas de manera directa las personas que ahora mismo cuidan a las más de cuatro millones que necesitan apoyos, que son principalmente los familiares cercanos (en su mayoría hijas, las madres y las parejas), las más de 700.000 trabajadores de los servicios sociales, de los cuales, más de 600.000 lo hacen en el sistema atención a la autonomía y la dependencia, a menudo con contratos a tiempo parcial y en situación de precariedad.

Que es la desinstitucionalización y qué desafíos supone

La desinstitucionalización es un proceso de cambio social muy complejo, contemplado, por un lado, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reflejado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2008. Este cambio es complejo porque afecta en varios niveles y supone varios desafíos:

• Cultural, que transite de un modelo ‘asistencialista’ a otro centrado en la persona, que es la que tiene que decidir cómo quiere vivir. Este cambio considera que las personas que viven institucionalizadas viven aisladas de la comunidad y que no tienen control sobre sus vidas y sus decisiones cotidianas.

• Legislativo, pues supone adaptar el marco jurídico -principalmente la ley de dependencia– para que se cumplan los derechos de estas personas en cuanto a vivir de forma independiente, ser incluidas en la comunidad, el derecho a la autodeterminación, la participación, a vivir en familia y a vivir con dignidad.

• Económico, ya que supone crear un nuevo marco económico financiero sostenible que reoriente la financiación hacia el desarrollo de alternativas de buena vida en la comunidad.

• Reorganización los servicios, que deberán ser más flexibles y adaptarse a cada persona. Para lograrlo, la coordinación entre los distintos actores es imprescindible.

• Mejorar la accesibilidad en general, de todas las comunidades en las que habiten, para garantizar que tengan, allá donde quieran vivir, los apoyos y recursos necesarios para llevar una vida lo más autónoma posible.

Todos estos cambios, que se asume que serán lentos y progresivos, requieren, como reza en el texto de la estrategia, «de un fuerte compromiso político y social, en el que se sienten las bases y condiciones para garantizar una buena vida y comunidad».

Ejes estratégicos, objetivos y líneas de actuación

Para implementar la estrategia se han definido cinco ejes, cada uno de ellos con una serie de objetivos. Estos ejes son:

• Prevención de dinámicas de institucionalización: Como su propio nombre indica, el objetivo es evitar la institucionalización de las personas que están en riesgo de serlo y para ello, además de localizar a estas personas y los factores de riesgo, proponen medidas como asegurarse de que la persona tenga un hogar, vigilar su salud, agilizar la llegada de recursos de apoyo o facilitar la accesibilidad de su entorno, entre otros.

• Participación de las personas y concienciación social, para que conozcan sus derechos, tomen sus propias decisiones y se favorezca su participación en la comunidad. Para que esto se cumpla es imprescindible llevar a cabo una labor de concienciación de la sociedad en su conjunto.

• Transformación de los modelos de cuidado y apoyo que promuevan la atención centrada en la persona y el enfoque comunitario. Para ello, será necesario reorientar los servicios, reconfigurar roles, recualificar a los profesionales, etc.

• Desarrollo de servicios para la transición hacia la vida en la comunidad. Este eje, complementa el anterior con objetivos como reforzar los apoyos en la comunidad, desarrollar alternativas a la institucionalización.

• Condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización, que tiene entre sus objetivos adaptar la normativa o reorientar los fondos.

Implementación, seguimiento y evaluación

Para garantizar el cumplimiento de esta estrategia y evaluar los resultados obtenidos a los largos de los próximos seis años, se ha establecido un plan de implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia.

La implementación de la Estrategia se concretará en tres planes operativos (2024-2025, 2026-2027 y 2028-2030). En cada uno de estos planes las administraciones responsables deberán definir las líneas de actuación, las medidas a implementar durante cada período, cronograma y el presupuesto, así como los centros directivos y/o consejerías u organismos responsables de su implementación.

Cada uno de estos planes será sometido a una evaluación y seguimiento y toda la estrategia se someterá a dos evaluaciones intermedias -una al final de cada plan operativo- y otra al final.

El primer Plan Operativo 2024-2025 se publicará, una vez aprobada la Estrategia, a partir de una consulta en la que los Ministerios y Comunidades Autónomas programan las medidas a ejecutar en el primer año de implementación de la Estrategia.

A partir de 2025 cada Plan se irá actualizando a través del seguimiento de la Estrategia. Durante el primer trimestre de cada año se realizará simultáneamente un ejercicio de seguimiento.

Para realizar el seguimiento, se tendrán en cuenta 78 indicadores divididos en cinco ámbitos temáticos:

1. Situación, tipología y transformación de centros de atención residencial, que sirven para medir la evolución del proceso de transformación de los centros de atención residencial hacia un modelo centrado en la persona. Aquí se evaluará, por ejemplo, el número de centros, plazas de centros, ratio de personal…

2. Desarrollo de alternativas de base comunitaria y familiar, destinados a medir el progreso del desarrollo de recursos y alternativas de base comunitaria y familiar, y cuenta con indicadores como el número de asistentes personales, las horas concedidas, atención en el domicilio, porcentaje que representa el Servicio de Promoción de la Autonomía….

3. Mejora de las condiciones laborales y formación, que mide las condiciones laborales de las personas que trabajan brindando apoyos y cuidados con indicadores como tasa de parcialidad, número de personas con ciclos formativos…

4. Desarrollo de normativa para la buena vida en la comunidad, que miden el desarrollo de la normativa necesaria para garantizar los procesos de desinstitucionalización y el desarrollo de alternativas. Se tomarán en cuenta indicadores como reformas legales o nuevas leyes, tanto estatales como autonómicas.

5. Otros indicadores facilitadores del proceso de desinstitucionalización, como porcentaje de inversión en vivienda pública en relación al PIB, población que conoce el concepto de desinstitucionalización o ratio de personas en situación de dependencia, que viven en domicilio.

Concienciación, viviendas y el ámbito rural

Dentro de esta estrategia se han incluido siete focos estratégicos a los que se quiere dar prioridad y que se quieren poner en marcha de manera inmediata, que son:

1. Concienciación social para la puesta en valor y la corresponsabilidad de los cuidados de larga duración, y para ello se contempla la realización de campañas, generación de conocimiento e información comprensible, formación y otras actuaciones de sensibilización.

2. Desarrollo del SAAD y reorientación para la promoción de la autonomía y de alternativas para la vida independiente. Para ello se pretende reformar la Ley de dependencia y medidas relacionadas con la reorientación de la financiación hacia alternativas a la institucionalización.

3. Impulso del ‘Plan Cuidadoras’ para la dignificación del trabajo de los cuidados, con el que quieren mejorar de las condiciones laborales de las personas dedicadas al cuidado y favorecer el incremento de personal.

4. Aumento de soluciones de vivienda asequible, estable y accesible para prevenir la institucionalización, pues se considera que el mantenimiento de la vivienda es uno de los factores de riesgo o detonantes de procesos de institucionalización.

5. Consolidación de la cultura del acogimiento familiar para la infancia y adolescencia privada de cuidados parentales con medidas relacionadas con el derecho de la infancia y la adolescencia a crecer en un entorno familiar.

6. Desarrollo de un nuevo modelo de cuidados comunitario en el ámbito rural, para que las personas que vivan en este ámbito reciban, si lo desean, apoyos en su entorno sin tener que abandonar sus localidades por falta de estos.

7. Coordinación de los cuidados sociosanitarios para fomentar una atención integrada centrada en las personas. Para ello, se quiere establecer canales de comunicación y de trabajo conjunto entre los diferentes actores implicados en los cuidados, principalmente el sanitario y el social.

La ‘Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)’ estará coordinada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales (SEDS), adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pero, para que sea una realidad, deberán estar implicados tanto distintos ministerios como los distintas administraciones y territorios, desde las autonómicas hasta las locales.

También y muy especialmente con la sociedad civil, especialmente las organizaciones del movimiento asociativo, que son los que mejor conocen las necesidades de las personas a las que va dirigida esta ambiciosa estrategia.