El movimiento asociativo de Plena inclusión pidió este martes que el Gobierno “dote con recursos” la nueva Estrategia Estatal de Cuidados para que logre «garantizar la vida independiente y en comunidad».

Para la confederación estatal, que agrupa a más de 950 asociaciones que defienden los derechos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, se trata de un «cambio de paradigma» para transformar los sistemas de apoyo y cuidado que se ofrecen a las personas que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión.

“El cambio que se propone hacia un nuevo modelo de cuidados implica también reformar la Ley de Dependencia, garantizando la continuidad de proyectos que ponen en el centro la vida independiente y los apoyos en la comunidad a las personas con discapacidad intelectual”, explicó Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

“Nos preocupa la fragilidad de la financiación y la rigidez normativa, porque se convierten en obstáculos para un proceso transformador que se enmarca en mandatos internacionales como la Estrategia Europea de Cuidados de larga duración”, agregó.

Desde la confederación que presta apoyos a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a través de 4.000 centros y servicios extendidos por todo el país, se recuerda que avanzar en estrategias de desinstitucionalización también supone garantizar la financiación de proyectos como ‘Mi Casa: una vida en comunidad’.

Se trata de una «experiencia exitosa» de pisos de vida independiente y en comunidad para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. También se promueven perfiles profesionales como los de los «conectores comunitarios o los de la asistencia personal».

Plena inclusión insistió en que uno de los retos estratégicos que encara desde hace una década es asegurar que el proyecto de vida de cada persona «esté conectado» con su entorno social de referencia.

Nos preocupa la fragilidad de la financiación y la rigidez normativa, porque se convierten en obstáculos para un proceso transformador

Por ello, la confederación estatal abogó por que el derecho básico a una vida digna, elegida y en el contexto al que cada persona pertenece, cuente con los apoyos necesarios. Y también subrayó que la desinstitucionalización y este nuevo modelo de apoyos permiten avanzar en el mandato constitucional recogido en la reciente reforma del artículo 49 de la Carta Magna.

Para las cerca de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down, entre otros) que residen actualmente en España, siguen estando vigentes los principios defendidos en la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dicho tratado internacional, que España ratificó en 2007, marca en su artículo 19 como «horizonte irrenunciable» la defensa del derecho de todas estas personas a «vivir de forma independiente, en un contexto de interdependencia y participando del día a día de sus barrios y pueblos».