La brecha salarial que sufren las personas con discapacidad se multiplica casi por dos en una década, hasta los 4.486 euros

La brecha salarial entre la población con y sin discapacidad ha crecido 7,1 puntos entre 2013 y 2022, último año con datos disponibles, hasta los 4.486 euros brutos anuales, casi el doble que una década atrás. Mientras, la brecha en la tasa de empleo ha crecido también en 7,5 puntos.

Así se desprende del ‘Informe 9 Odismet’, elaborado por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE e Inserta Empleo con la cofinanciación de la Unión Europea. Precisamente, este proyecto celebró este martes en Madrid su décimo aniversario con un acto público en el Hub de ‘Por Talento Digital’ de Fundación ONCE, en el que el coordinador de Estrategia de Datos de Fundación ONCE e Inserta Empleo, Luis Enrique Quifez, fue el encargado de presentar las cifras del último estudio.

El informe, que se centra esta vez en analizar la evolución del mercado laboral en la primera década de existencia de Odismet, recoge que se ha producido una «involución», pues la brecha salarial entre la población con y sin discapacidad ha crecido 7,1 puntos desde el inicio del ciclo observado, estableciéndose la diferencia en 2022 en 4.486 euros brutos anuales, casi el doble que una década atrás.

Ello se debe a que mientras el salario de la población sin discapacidad ha crecido en 2.462,7 euros (+9,7%) en 10 años, el de los empleados con discapacidad tan solo lo ha hecho en 990,9 euros (+4,7%).

En términos absolutos, el sueldo medio de la población general ha aumentado de 22.842,6 euros en 2012 a 26.030 en 2022. En cambio, en el colectivo con discapacidad apenas ha crecido de 20.553,3 a 21.544,2 euros, por lo que ahora las personas con discapacidad cobran un 17,2% menos que las que no tienen discapacidad, mientras que hace 10 años la brecha se situaba ligeramente por encima del 10%.

Al hilo, el coordinador de Estrategia de Datos de Fundación ONCE e Inserta Empleo explicó esta brecha por el tipo de empleo que suele predominar entre las personas con discapacidad, en los que se perciben retribuciones inferiores.

Más allá de los salarios, la brecha en la tasa de empleo entre personas con y sin discapacidad, lejos de reducirse, se ha incrementado a lo largo de la década estudiada, llegando a alcanzar los 40,3 puntos en 2022, frente a los 32,8 registrados en 2013, ya que mientras la tasa entre la población general creció en 11 puntos, en las personas con discapacidad avanzó solo en 3,5.

En concreto, la tasa de empleo ha subido del 57,1% al 68,1% en la población general, mientras que para quienes tienen discapacidad ha crecido del 24,3% al 27,8%. Por lo tanto, la brecha se ha ampliado en 7,5 puntos.

La tasa de empleo ha aumentado desde 2013 para todas las tipologías de discapacidad, si bien no se ha producido de manera homogénea, ya que la discapacidad auditiva muestra el mayor crecimiento (11,3 puntos) y sigue siendo la que tradicionalmente obtiene valores más elevados de ocupación. En el polo opuesto se posiciona la discapacidad visual, con un crecimiento del 1,4. De su lado, la discapacidad intelectual mejora su tasa de empleo en 8,9 puntos, aunque junto a la psicosocial, es la que presenta más dificultades de acceso al mercado laboral.

Y todo mientras el colectivo de personas con discapacidad en edad laboral (de 16 a 64 años) ha ido creciendo de forma paulatina, registrando en 2022 su dato más alto (1.941.900 personas), lo que se traduce en un incremento del 36% desde 2013.

Además, como sucede con la población general, la tendencia al envejecimiento se acelera, dado que el segmento de mayor edad (45 – 64 años) es el que crece en mayor medida, duplicando su volumen y posicionándose en 1.466.200 personas en 2022. Por tipo de discapacidad, la que más repunta en la última década es la psicosocial , especialmente tras el impacto de la pandemia de covid-19. En cambio, la discapacidad visual es la única que se reduce, con 1.700 personas menos.

En este punto, el 65% de la población con discapacidad en edad laboral (1.256.600 personas) es inactiva, con un crecimiento del 40% en 10 años. Así, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2022 se situó en el 35,3%, por encima del 34,6% de 2021 pero por debajo del dato de 2013 (37,4%). Además, el dato de 2022 es 42,7 puntos inferior a la de quienes no tienen discapacidad, una brecha superior a los 39,8 puntos de 10 años antes.

La tasa de actividad de los hombres supera a la de las mujeres en casi la totalidad de ejercicios de la década analizada, aunque con diferencias poco relevantes.

Territorialmente, en 2022 las tasas de actividad más altas se registraron en Madrid, País Vasco, La Rioja y las comunidades de Ceuta y Melilla. En el extremo opuesto, Canarias sitúa su tasa en el 26,7%. Los principales progresos se dieron en Asturias (7,3%), Galicia (7,9%), Madrid (8,2%) y La Rioja (9,2%). Por el contrario, Canarias (-5,6%), Murcia (-4,4%), Navarra (-4,6%) y Ceuta y Melilla (-4,4%) presentan los peores registros evolutivos.

Contratación y paro

Respecto a la tasa de paro, Odismet constata una bajada de 13,6 puntos, aunque los más jóvenes llegan a reducirla en 24. Pese a esta mejora, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad fue en 2022 8,6 puntos superior a la de la población general, algo inferior a la brecha de hace 10 años, cuando fue de nueve puntos.

Un aspecto positivo es que el desempleo de larga duración se ha visto reducido de manera notable en el colectivo, en 6,9 puntos desde 2013, frente a 1,9 en la población general. No obstante, más del 50% de los desempleados con discapacidad son parados de larga duración, “dibujando un complejo escenario para la integración laboral” de las personas con discapacidad.

Por otro lado, el volumen de contratos a personas con discapacidad se ha incrementado en un 60%. No obstante, respecto al total de contratos realizados anualmente, el incremento tan solo es de 6 décimas. Y es que el crecimiento de la contratación no responde a una mayor creación de empleo para el colectivo, sino a un aumento del empleo a nivel general.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral (2021) los contratos temporales se redujeron en 23,5 puntos, incrementándose en consecuencia la contratación indefinida. De este modo, 2022 registra el mayor volumen de personas con discapacidad con contrato indefinido, posicionándose en 378.900 personas, 136.000 más que en 2013.

En este punto, el coordinador de Estrategia de Datos de Fundación ONCE e Inserta Empleo celebró que, mientras en 2013 solo el 9% de los contratos con personas con discapacidad eran indefinidos, mientras que en 2023 la cifra superó el 32%.

Además, casi el 80% de los contratos suscritos con personas con discapacidad pertenecen al sector servicios, mientras que en torno al 71% de los contratos específicos para personas con discapacidad se formalizan en centros especiales de empleo (empresas u organizaciones con más del 70% de personas con discapacidad en plantilla).

En cuanto al tiempo de trabajo, la jornada parcial creció ligeramente entre las personas con discapacidad ocupadas, mientras que en la población general disminuyó en 2,4 puntos a lo largo de la década. Por género, las mujeres siguen siendo las principales destinatarias de estos contratos, con una media interanual del 25,4% y sin que se hayan producido variaciones en el periodo estudiado.

El informe de Odismet dedica también un apartado para los autónomos y refleja que la tasa de autoempleo se ha reducido tanto para las personas con discapacidad (-1,9 puntos) como para la población general (-2,7 puntos), “revelándose así una ausencia de apoyo y ayudas al emprendimiento que lleva a la población activa hacia ámbitos laborales que les proporcionen mayor seguridad.

Mejorar la formación

Por otro lado, sobresale también la continua mejora de los niveles de formación de las personas con discapacidad, algo que aumenta sus posibilidades de empleabilidad, aunque cuantitativamente siguen siendo mayoría las personas contratadas en sectores como la restauración o profesiones elementales.

Así las cosas, el porcentaje de personas con discapacidad con estudios secundarios ha pasado del 48,6% al 61,9% y quienes han completado estudios superiores crece del 15% al 19,1%.

Pese a estos avances, Luis Enrique Quifez advirtió de que “la concentración en ocupaciones elementales es un hecho”, lo que atribuyó a la existencia de “prejuicios y determinados tabús que, con el tiempo, hay que tratar de minimizar”.

En otro orden de cosas, tres de cada 10 personas con discapacidad estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, dato que no dista del registrado en 2013, cuando se posicionaba en el 29,3%.

Esto responde, según el análisis de Odismet, a las condiciones de “precariedad, inestabilidad y bajos salarios” que sufre el colectivo. De hecho, el 20% de las personas con discapacidad ocupadas se encuentran en riesgo de exclusión.

Por último, el coordinador de Estrategia de Datos de Fundación ONCE e Inserta Empleo puso en valor la labor del Grupo Social ONCE, porque “es motor y referente” en inclusión social y laboral, con más de 110.000 contratos con personas con discapacidad formalizados en la última década. Además, resaltó que la plantilla del grupo ha crecido más de un 26%, lo que son 9.300 trabajadores más en una plantilla de más de 44.000 personas con discapacidad ocupadas.