El 76% de los pacientes espera más tiempo del que marca la ley para obtener el certificado de discapacidad

En el marco del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha lanzado un informe alarmante. Según este documento preliminar titulado «Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad», más del 76% de las personas con discapacidad en España enfrentan esperas de más de seis meses para obtener el grado de discapacidad.

El estudio, basado en una encuesta a más de 600 personas en todo el país, revela que para el 94% de los afectados, esta prolongada espera constituye una vulneración flagrante de sus derechos. Entre las principales irregularidades identificadas se destaca que en el 60% de los casos no se ha tomado en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas, pasando por alto aspectos cruciales como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el nivel de dolor experimentado.

Asimismo, el 55,5% de los encuestados informa que durante el proceso de valoración no se han considerado todas las pruebas e informes aportados, mientras que el 63% señala que tampoco se han evaluado adecuadamente las múltiples enfermedades o trastornos que padecen. Desde la implementación del nuevo baremo, ha habido un aumento del 6% en el número de personas que no alcanzan el grado mínimo para obtener el reconocimiento de discapacidad (33%).

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha expresado su preocupación: «Dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad, la situación sigue siendo preocupante. Las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos significativos». Queiruga subrayó que la falta de una aplicación integral del nuevo baremo constituye una violación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El informe también señala una carencia significativa de recursos y formación para el personal encargado de la valoración, lo que conduce a valoraciones inadecuadas y a la exclusión de recursos destinados a promover la igualdad de oportunidades.

Ante esta situación, COCEMFE exige la aplicación inmediata y completa del nuevo baremo de discapacidad, garantizando una valoración justa y equitativa para todas las personas. Insta a las administraciones a un esfuerzo de cohesión y equidad, con la implementación urgente de medidas para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración en todo el país.

La obtención de la valoración del grado de discapacidad es fundamental para acceder al sistema de derechos establecidos en España para las personas con discapacidad. La Convención establece el derecho de estas personas a acceder a los mismos derechos y beneficios que el resto de la población, sin discriminación. «Es urgente invertir en recursos humanos y materiales para garantizar un despliegue efectivo del nuevo baremo. Sin presupuesto adecuado y recursos suficientes, se seguirán vulnerando los derechos de las personas con discapacidad», concluye el presidente de COCEMFE.