La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, defiende la reforma de la ley de dependencia para simplificar los trámites y mejorar la aplicación del sistema, cuya financiación quiere aumentar en 4.000 millones de euros esta legislatura.

En una entrevista con EFE, la número dos del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy repasa los principales retos y compromisos recogidos en el acuerdo de coalición, como avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados o la aprobación de la ley de familias, que llegará en febrero al Consejo de Ministros y para la que reclama el máximo consenso a los grupos políticos.

En vísperas de la aprobación definitiva en el Senado de la reforma constitucional para eliminar el término ‘disminuidos’ y ampliar derechos a las personas con discapacidad, Martínez cree que es «incomprensible» el voto en contra de Vox a la propuesta impulsada por PSOE y PP: «Es un ejemplo más de cómo un país avanza y Vox se queda atrás».

«Hay demandas sociales que están ya tan instauradas en la sociedad que es incomprensible que se opongan algunos partidos políticos», asegura Martínez, quien apela al PP a mantener ese consenso en torno a la futura ley de familias para «sacarla con una amplia mayoría y con todas las mejoras que sean necesarias».

«No creo que nadie en el Congreso pueda tener argumentos racionales para oponerse a una ley que protege a más y de mejor manera a las familias y que si se incluyen los permisos, supone un beneficio universal para padres, madres y niños y niñas; quien vote en contra hará piruetas dialécticas para oponerse a una cuestión que es de sentido común y que la sociedad está esperando», asevera.

20 semanas por nacimiento y permisos remunerados

Derechos Sociales llevará en unas semanas a la mesa del Consejo de Ministros el texto de la anterior legislatura, que ya había recabado los informes de los órganos consultivos y que «había empezado el trabajo con algunos grupos parlamentarios», cuya tramitación decayó con la convocatoria electoral.

«Es nuestro compromiso y así nos gustaría que fuera, que en la ley de familias pudiésemos meter la regulación de los permisos, tanto los permisos parentales como la extensión del permiso de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas», explica Martínez.

La nueva ley, que incorpora la directiva europea de conciliación de 2019, incluye nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes, asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y reconoce los diferentes tipos de familias, como adoptivas, reconstituidas, LGTBI, con algún miembro con discapacidad, múltiples o acogedoras.

En la anterior legislatura y tras las negociaciones entre ministerios, la ley impulsada por Ione Belarra tuvo que renunciar a algunas medidas que el ministro Pablo Bustinduy quiere recuperar durante la tramitación parlamentaria, como la retribución del nuevo permiso para padres y madres de 8 semanas hasta que el niño cumpla 8 años, empezando en 2024 con la remuneración de 4 semanas.

Más dinero para dependencia y nuevo modelo de cuidados

La secretaria de Estado se compromete a liderar el cambio de modelo de cuidados en cooperación con las comunidades autónomas y a que la financiación del sistema de dependencia sea al final de la legislatura aportado al 50 % por la administración general del Estado y el otro 50 % por las comunidades. Eso supondría aumentar 4.000 millones de euros, mil millones al año, explica.

«En el contexto de negociación presupuestaria que estamos y de coyuntura económica, aspiramos a que sea una realidad. Es parte del compromiso del acuerdo de coalición, pero creo que es una cuestión que habrá que ir viendo con prudencia y negociando dentro del Gobierno», añade.

Cree que no depende solo de su ministerio, sino «también de la voluntad política de acuerdo para llevar a cabo este cambio de modelo de cuidados de larga duración por las comunidades autónomas», y destaca que no puede pasar por alto «la mejora de las condiciones laborales de las personas cuidadoras, sobre todo mujeres».

Ya se empezó a trabajar en ella la anterior legislatura y esperamos poderla retomar para simplificar y actualizar el sistema en línea con el cambio de modelo

Avanzar en el cambio de modelo de cuidados es necesario por una cuestión demográfica, ya que cada vez hay más personas que entran o que solicitan los servicios de dependencia, pero también por sentido común: «Todo el mundo entiende que el deseo de las personas mayores de permanecer el mayor tiempo posibles viviendo en sus casas, algo que redunda además en su bienestar físico y emocional».

«Estamos hablando de un reto de país, el de conseguir que el sistema de dependencia sea capaz de dar unos cuidados dignos y de calidad que se necesitan y de recibirlos con menos cargas burocráticas y con mucha más sencillez», para lo que cree precisa la reforma de la ley.

«Ya se empezó a trabajar en ella la anterior legislatura y esperamos poderla retomar para simplificar y actualizar el sistema en línea con el cambio de modelo», comenta.

Cambios en la acogida de los menores migrantes

La secretaria de Estado de Derechos Sociales es partidaria de «repensar» la manera en la que se está dando respuesta al traslado a la península de los menores extranjeros que han llegado solos a Canarias.

«Lo que ha pasado en Canarias los últimos meses no tiene visos ni de reducirse, sino de aumentar, y creo que tenemos unos mecanismos que respondían a otros momentos en los que los flujos, la llegada de personas, en este caso de menores era mucho menor», argumenta.

Para Martínez, «toca repensar tanto la respuesta inmediata que se da a las Islas Canarias como los criterios de reparto y cómo darles la cobertura y la protección que necesitan estos menores».

«La realidad es otra. Tenemos que adaptar nuestros mecanismos y la normativa», opina la secretaria de Estado sobre la propuesta del presidente canario de reformar la legislación para que la acogida de los menores que llegan en patera se reparta entre todas las comunidades de forma obligatoria, sin depender de acuerdos voluntarios de solidaridad.