La CEDDD apoya eliminar el término ‘disminuido’ de la Constitución, pero advierte de otros «efectos no deseados»

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) se ha manifestado después de que PP y PSOE acordaran la eliminación del término «disminuido» de la Constitución Española.

En un comunicado, esta entidad apoya el cambio, pero advierte de que «esta necesaria modificación no debe conllevar efectos no deseados y perturbadores en los derechos de las personas con discapacidad».

En concreto, la CEDDD dice que la modificación no «debe como tampoco puede ni debe utilizarse como un mecanismo de acceso a la Constitución para que se lleven a cabo otras reformas constitucionales interesadas o partidistas, en materias que nada tienen que ver con el avance y mejora de los derechos de las personas con discapacidad».

Además, la CEDDD recuerda que «esta reforma no supone ninguna mejora material en los derechos de las personas con discapacidad, ya que los avances en los derechos de este colectivo se han producido a través de varias reformas legislativas».

Desde la CEDDD dicen que «nos reiteramos en la importancia del cambio del término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’, ya que el lenguaje no es una mera cuestión de forma, sino que es un elemento clave en la construcción de la cultura y del pensamiento de la no discriminación: la realidad existe según se nombra».

Además, «el CEDDD rechaza que se proclame la titularidad de los derechos y deberes constitucionales de las personas con discapacidad, ya que el enunciado propuesto parece sugerir que sin este reconocimiento expreso no tendría lugar esa titularidad, cuando es evidente que cualquier persona, por el mero hecho de serlo, es titular de todos los derechos y deberes previstos en la Constitución».

La CEDDD también critica que se hable de «una alusión específica a atender ‘particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad’«, ya que recuerda que «la Constitución Española, como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, debe regirse por el principio de igualdad entre todas las personas, tal y como prevé su mismo artículo 14».