El 87% de edificios en España necesitan obras para ser accesibles: el 22% de personas con movilidad reducida han tenido que mudarse

El 22% de los españoles con movilidad reducida ha tenido que cambiar de domicilio por la falta de accesibilidad del inmueble donde residían, una cifra que asciende al 31% en el caso de quienes se desplazan en silla de ruedas.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Accesibilidad y movilidad: mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad’, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios. Los resultados analizan la accesibilidad tanto en el interior como en el exterior de la vivienda y muestran su impacto en el día a día de las personas con movilidad reducida, una problemática que afecta a más de la mitad de españoles que sufren algún tipo de discapacidad.

El estudio subraya, en base a datos del INE, que un 57% de las personas con movilidad reducida tiene dificultades para andar o moverse dentro de su propia vivienda. Como consecuencia ello, una de cada cuatro ha tenido que realizar obras para adaptar su hogar, siendo los principales lugares los aseos (74%), dormitorios (42%), cocina (32%) y puerta de entrada (32%), según recoge el informe.

Pero las limitaciones a la movilidad se acentúan aún más a la hora de desenvolverse fuera de la vivienda. Casi el 80% de las personas con movilidad reducida tiene “importantes dificultades” para andar o moverse por el edificio de su domicilio, y el informe estima que el 73% de las requiere de la ayuda de familiares y amigos.

Además, la Fundación Mutua de Propietarios avisa de que esta situación provoca que un 42% pase muchos días sin salir de casa. Y hasta un 4% no sale nunca por esta problemática. Así las cosas, el 33% considera que si su edificio estuviera más adaptado saldría más de casa, un porcentaje que se duplica en el caso de aquellos edificios que no tienen ascensor.

“En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio”, declaró la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre en un encuentro celebrado este domingo tras la publicación del informe.

Hasta 5.409 euros

En esta coyuntura, el informe advierte que un 87% de los edificios de viviendas debe realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad.

En concreto, un 17% necesita instalar un ascensor; el 22% una rampa para salvar el escalón de acceso al portal; el 56% tiene porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas; y el 48% de los portales necesita un abrepuertas motorizado porque ésta pesa demasiado.

Llevar a cabo todas estas acciones supondría un coste medio por hogar de 1.361 euros, una cifra que se incrementa en aquellos edificios de menos plantas y menos vecinos hasta los 5.409 euros y 4.457 euros respectivamente.

A juicio de Demarbre, resulta “evidente que las mejoras en accesibilidad son una inversión y no un gasto”. Ahora bien, admitió que tal concepción depende de la capacidad económica de los propietarios. “Entendemos que debido a los precios y a las dificultades económicas, puede haber vecinos que se lo piensen más”, pero recalcó que estas obras son imprescindibles para garantizar “un derecho básico”.

Por su parte, la arquitecta y técnica de Accesibilidad y Vida Independiente de la Confederación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Judith Díaz, apuntó a la “dispersión normativa” como uno de los principales problemas a la hora de construir de forma accesible. A nivel estatal, “tenemos el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Vivienda”, puntualizó.

El primero fija los criterios técnicos que son exigibles en los edificios, mientras la segunda regula el funcionamiento de las comunidades de vecinos y la tercera se centra en el acceso a la vivienda. A todo esto hay que añadir las legislaciones autonómicas y las regulaciones municipales, insistió Díaz.

Ayudas para la accesibilidad

La responsable de Cocemfe denunció que 1,8 millones de personas en España necesitan la ayuda de otros para salir de sus casas, y se estima que unas 100.000 no pueden hacerlo nunca. Por este motivo, su organización ha lanzado la campaña ‘#UnaCasaDeLaQuePoderSalir’ para exigir a los poderes públicos que garanticen el derecho a la vivienda y a la autonomía a las personas con discapacidad.

A su juicio, hay tres condiciones que todos los domicilios deberían reunir: ser accesibles, asequibles e inclusivos. Para conseguirlo, aseguró que estos gastos no deben de ser asumidos por las comunidades de vecinos», sino que podrían sufragarse con más ayudas públicas para garantizar este derecho universal.

Laura López abundó en la queja sobre la escasa importancia que los fondos Next Generation otorgan a las reformas relativas a la accesibilidad. “En su día, recibimos muchas consultas de propietarios que no entendían por qué no podían beneficiarse de estos fondos», declaró.

Pese a ello, Xavier García-Milà, arquitecto integrante del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad de la Generalitat de Cataluña, consideró que estas ayudas resultan “claramente insuficientes” y pidió “una reflexión de país” para que la financiación se garantice “a nivel legislativo”. Expuso el ejemplo de Suecia, donde el Estado ha invertido 7.000 millones de euros en un año para la adaptación de las viviendas de personas mayores, y el de Alemania, que por ley garantiza 4.000 euros a cada persona que así lo precise para adaptaciones en su domicilio a través de su sistema de Seguridad Social.

“Cada vez habrá más personas mayores”, y garantizarles viviendas adaptadas a sus necesidades “forma parte de la política de cuidados que debemos desarrollar para que la gente pueda residir en su domicilio el mayor tiempo posible, que al final, es lo que la gran mayoría quiere”, defendió. Por ello, resulta «muy importante que como sociedad entendamos la relevancia de garantizar viviendas asequibles y accesibles».