Organizaciones de discapacidad piden «reconocer la figura del asistente personal en el ámbito del empleo»

Responsables de empresas de iniciativa social dedicadas a la discapacidad y asociaciones del sector reclaman a las administraciones públicas «más apoyos y compromiso» para impulsar la empleabilidad de estas personas y, entre otras medidas, reconocer la importancia de la figura del asistente personal en este ámbito.

Así lo expusieron en el diálogo sobre la ‘Situación económica y laboral de las entidades y centros de personas con discapacidad’, celebrado en la agencia de noticias Servimedia.

En este encuentro participaron el presidente de la asociación empresarial para la Atención, Asistencia y Apoyo a personas con Discapacidad (CAAAD), Pedro Ugarte; la vicepresidenta de Impulsa Igualdad, Sara Rodríguez; el vicepresidente de CAAAD, Pedro Martínez, y la psicóloga de la Federación Aspace Madrid, Cristina Martín, quien destacó la importancia «de que se reconozca la figura del asistente personal en el ámbito del empleo».

Apuntó, además, que cuando las personas tienen por ejemplo limitaciones de movilidad, «aunque sean mínimas», precisan de este apoyo, porque «de lo contrario nunca serán autónomas». Algunas ni siquiera «podrán presentarse a una entrevista de trabajo», subrayó.

A su juicio, tener una ocupación profesional significa «autonomía, independencia y libertad» y, por eso, las administraciones deben proporcionar financiación estable a las organizaciones que promueven estas iniciativas.

Con el sistema actual, basado muchas veces «en subvenciones que se retrasan y que hay que renovar cada año», resulta «muy difícil planificar y desarrollar proyectos a largo plazo«, lamentó.

A su vez, Sara Rodríguez se mostró consciente de que los programas que gestionan las asociaciones son «deficitarios desde el punto de vista económico» y como solución posible propuso «realizar una actividad económica que nos genere fondos con los que compensar este déficit».

De ahí su petición a las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, para que «fomenten centros de empleo que ofrezcan oportunidades a las propias personas con discapacidad de la zona» y de que les reserven parte de la contratación pública (jardinería, servicios de catering, limpieza…).

Como ejemplo habló de una residencia para grandes afectados que gestiona la Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Córdoba (Fepamic), cuya plantilla está compuesta por personas con discapacidad en un 83%.

«Además de los servicios que prestamos, se debe tener en cuenta el salario que el trabajador recibe y todo el gasto que (la Junta) se ahorra en atención social y sanitaria», concluyó.

Retorno social

Pedro Ugarte destacó que distintos estudios revelan que por cada euro que las administraciones invierten en este tipo de organizaciones, la sociedad recibe un retorno de entre el 60% y el 70%.

«No solo es la inversión social, sino lo que generamos en empleo, gasto, compras a proveedores, etc. Este valor es tremendo», argumentó.

A ello hay que sumar «todo el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer para que personas con grandes discapacidades tengan una oportunidad de empleo» y sean así «libres y autónomas». Algo que, a su juicio, «no se puede cuantificar en dinero, sino en humanidad. Son otros valores; estamos hablando de inclusión«, proclamó.

Cristina Martín rememoró que estuvo más de año y medio buscando trabajo y que «en todas partes le decían» que no. Bien por falta de accesibilidad o bien porque consideraban que «su grado de discapacidad era demasiado alto», nadie quería contratarla. «Si no es por Aspace (u otras organizaciones sociales), yo no tendría un empleo», indicó.

Abrir el abanico

Todos los participantes de este diálogo reconocieron la baja tasa de empleabilidad entre el colectivo por «las barreras de accesibilidad, física y cognitiva», pero también por «la ausencia de formación», a los prejuicios por parte de las empresas y de la sociedad y a «la baja confianza de muchas personas con discapacidad» que, «como lo ven imposible», ni se forman ni buscan trabajo.

Por eso, Martínez subrayó la necesidad de destinar muchos más recursos al fomento del empleo de este colectivo y, en concreto, defendió impulsar de forma decidida «el empleo con apoyo» en empresas ordinarias.

Explicó que este modelo consiste en que «un preparador laboral, generalmente dependiente de la asociación, acompaña a la persona en todo el proceso de inserción laboral». Esto es, antes de la contratación (busca ofertas, prepara la entrevista…) y también después, pues le proporciona la formación específica que necesita en función del puesto de trabajo.

Además de los centros especiales de empleo, «debemos impulsar mucho más todo lo que es inserción en la empresa ordinaria«, reclamó Martínez.

Un aspecto en el que Rodríguez compartió opinión: «Nosotros gestionamos centros especiales de empleo, donde un equipo multidisciplinar se ocupa de formar a las personas con discapacidad en el puesto de trabajo».

También comentó que, en su opinión, el empleo con apoyo en empresas ordinarias es una vía para desatascar la gran bolsa de personas con discapacidad que necesitan trabajar.

Por ello, el presidente de CAAAD reclamó «abrir el abanico de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Avanzar» en este terreno resulta «fundamental», defendió Ugarte.