El Tribunal de Cuentas Europeo advirtió este jueves de que la acción de la Unión Europea (UE) para mejorar la vida de las personas con discapacidad en los Estados miembros ha tenido un impacto limitado, ya que siguen afrontando mayores barreras en el empleo y son más vulnerables a la pobreza.

En su nuevo informe, el Tribunal sostiene que la legislación pertinente sobre discapacidad en la UE «se ha estancado», pese a que la Comisión Europea (CE) ha asumido el compromiso de ayudar a las personas con discapacidad e intentado potenciar diversas estrategias en este ámbito.

«Lamentablemente, estamos presenciando una década de casi estancamiento o de un muy escaso repunte en lo que respecta a la mejora de las oportunidades para las personas con discapacidad a la hora de participar de forma igualitaria en la vida cotidiana», dijo el responsable de la auditoría, Stef Blok, en una rueda de prensa.

Según recoge el informe, se estima que en la UE hay cerca de 87 millones de personas con discapacidad -casi un cuarto de la población-, pero en 2021 solo el 51 % tenía empleo, en comparación con el 75 % de las personas sin discapacidad.

Esta brecha, sostienen los auditores, se ha mantenido prácticamente constante desde 2014, cuando empezaron los registros, y también afecta a otras áreas como el acceso a la sanidad, la educación, el deporte y la cultura.

Además, alertan de que las personas con discapacidad se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, que es más elevado para las mujeres que para los hombres, y constatan que la pandemia de Covid-19 empeoró todavía más su situación pues exacerbó las barreras a las que se enfrentan.

Las personas con discapacidad de la UE «se arriesgan a recibir un trato desigual en comparación con la población nacional que vive una situación similar»

Diferencias de reconocimiento entre Estados miembros

La responsabilidad en materia de políticas de inclusión social, empleo y educación recae sobre los Estados miembros, que diseñan sus propias políticas nacionales en esta materia, lo que, según el Tribunal, hace que el apoyo y las prestaciones que ofrecen a las personas con discapacidad difieran entre ellos.

Además, los criterios aplicados para reconocer la discapacidad varían entre los Veintisiete, lo que dificulta el reconocimiento mutuo. Así, aquellas personas que se desplazan para trabajar, estudiar o visitar otros Estados miembros, «se arriesgan a recibir un trato desigual en comparación con la población nacional que vive una situación similar».

«Además de tener que hacer frente a una mayor burocracia, es posible que no disfruten de igualdad de acceso a servicios tales como tarifas reducidas para los museos o el transporte», indican los auditores en el informe.

El papel de la UE, explican, consiste en prestar apoyo y coordinación. En su Estrategia 2021-2030, la Comisión abordó la mayoría de las deficiencias más tempranas y propuso una serie de iniciativas emblemáticas de inclusión, como la Tarjeta Europea de Discapacidad y el paquete sobre el empleo de las personas con discapacidad.

Pese a estas iniciativas, consideran que algunos problemas siguen sin resolverse, como la conexión entre la Estrategia y la financiación, que sigue siendo «débil», y la falta de supervisión de la Comisión de cuánto dinero comunitario se destina realmente a apoyar a las personas con discapacidad.

Sólo la décima parte del gasto en política social de la UE (un 2,2%) se destinó a la discapacidad

Según datos de la Comisión recogidos en el informe, en 2020 el gasto medio nacional en política social de la UE representó el 22 % del PIB y en torno a una décima parte de esa proporción (el 2,2 %) se destinó a la discapacidad, aunque el porcentaje varía entre países.

Por ejemplo, España invirtió el 1,8 % del PIB frente al 5 % de Dinamarca, que es el país que más presupuesto destina en este ámbito.

El informe, asimismo, sostiene que los avances que la CE busca impulsar en esta materia se han estancado como consecuencia de la falta de avance de la Directiva sobre igualdad de trato de la UE y la lentitud de los Estados miembros en la incorporación de la Ley europea de accesibilidad a su legislación nacional.