Desde su aparición en los Tratados de la Unión Europea, la libre circulación ha sido uno de los principios y logros fundamentales de la UE. Gracias a ella podemos ampliar nuestros horizontes, coger en el último minuto un tren con destino a un país vecino, descubrir diferentes culturas, buscar oportunidades de empleo, proseguir nuestra educación o iniciar una nueva vida en otro lugar. Este derecho fundamental ha ido tejiendo una identidad compartida entre los ciudadanos europeos.

Sin embargo, no todos ellos pueden ejercer este derecho por igual. Algunos sufren, a la hora de viajar, dudas y preocupaciones; no saben, por ejemplo, si se les reconocerá la discapacidad ni si la ciudad a la que se dirigen es accesible. Así pues, la libre circulación no es una realidad para todos.

En la Unión Europea hay aproximadamente 87 millones de personas con discapacidad. Con excesiva frecuencia, barreras estructurales y desigualdades sistémicas limitan sus oportunidades y les impiden disfrutar de una ciudadanía plena e igualitaria. Esas trabas afectan a la libertad de circulación, puesto que su discapacidad no se reconoce automáticamente cuando viajan a otro Estado miembro.

Puede suceder que no puedan acceder a las mismas condiciones —como tarifas reducidas o alojamientos específicos— que las personas con discapacidad residentes en ese país. Este tipo de incertidumbres jurídicas y costes adicionales pueden disuadirles de viajar a otros países de la UE.

Cuando asumí el cargo de comisaria europea, emprendí el desarrollo de una nueva estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Llevé a cabo amplias consultas acerca de los retos pendientes y las acciones necesarias para la plena participación de estas personas en nuestras sociedades. La falta de reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad (y de las tarjetas de discapacidad) entre Estados miembros destacó como una de las mayores preocupaciones.

Hoy presentamos una propuesta legislativa sobre la primera tarjeta europea de discapacidad: facilitará el reconocimiento mutuo entre Estados de esta situación

Hoy presentamos una propuesta legislativa sobre la primera tarjeta europea de discapacidad. Concebida en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta tarjeta representa un paso más hacia la libertad de circulación para todos.

La propuesta se basa en el éxito de un proyecto piloto en el que participaron ocho Estados miembros. Partiendo de esa experiencia, proponemos ahora un acto legislativo mediante el que se crea una Tarjeta Europea de Discapacidad común para todos los países de la UE.

La Tarjeta facilitará el reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad, garantizando que las personas que se encuentren en ella puedan disfrutar de sus derechos de libre circulación dentro de la Unión cuando viajen a otros países de la UE. Conforme a la propuesta, las condiciones preferentes deben ofrecerse por igual en toda la UE. Éstas pueden incluir acceso gratuito a determinados lugares; tarifas, peajes o tasas de usuario reducidos; acceso prioritario; asistencia personal; medidas de apoyo (por ejemplo, acceso a braille y audioguías); y ayudas a la movilidad, por ejemplo, cuando utilicen medios de transporte público y privado, acudan a actos y espacios culturales, o visiten centros de ocio y deporte o parques de atracciones. Confío en que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea avancen rápidamente en la adopción de la propuesta de la Comisión.

La fortaleza de nuestra Unión no solo reside en su prosperidad económica, sino también en su forma de garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y ejercerlos en condiciones de igualdad. Debemos seguir trabajando para eliminar barreras, crear entornos accesibles y ofrecer igualdad de oportunidades con el fin de lograr la inclusión y la plena participación en nuestras sociedades de las personas con discapacidad.

Conseguir una libre circulación sin barreras para todos los ciudadanos de la UE es un paso más en esa dirección.