Un proyecto detecta serios obstáculos para la participación de personas con discapacidad intelectual en el sistema penal

<p>La participación igualitaria y efectiva de las <b>personas con <a href=»https://www.20minutos.es/minuteca/discapacidad-intelectual/» title=»Discapacidad intelectual» target=»_blank»>discapacidad intelectual</a></b> en procesos judiciales en los que están implicadas sigue siendo una entelequia en la mayor parte de Europa. Y España no es una excepción. </p><p>Así lo afirma un informe realizado recientemente por <b>Plena inclusión España</b>, en el marco del <b>Proyecto Enable</b>. Esta iniciativa, en la que participan organizaciones sociales de ocho países comunitarios, está promovida y financiada por la <a href=»https://www.20minutos.es/minuteca/union-europea/» title=»Unión Europea» target=»_blank»>Unión Europea</a>.</p><p>El objetivo general de este informe es presentar los resultados de la investigación sobre las <b>barreras a las que se enfrentan las personas acusadas con discapacidad intelectual</b> y psicosocial en el sistema de justicia penal para acceder a la información, al apoyo y a las adaptaciones procesales, lo que les impiden participar en igualdad de condiciones.</p><p>»Tratamos de evaluar en qué medida existen leyes, políticas y/o prácticas -incluidas las prácticas prometedoras- que permitan a las personas con <b>discapacidad intelectual y/o psicosocial </b>acusadas superar estas barreras, en particular mediante la provisión de ajustes de procedimiento», explica Natalia Pérez, del Área Jurídica de Plena inclusión España.</p><h2>Desconocimiento de sus derechos<br /></h2><p>• La mayor parte de las personas entrevistadas afirman que <b>no entienden el proceso y que desconocen sus derechos</b> como acusados si no se hacen las adaptaciones necesarias. Esto sucede porque los agentes jurídicos usan términos muy técnicos.</p><p>• Se aprecia una generalizada<b> falta de conocimiento</b> y concienciación de dichos agentes (abogados, jueces, fiscales, etc.) sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en particular sobre los ajustes de procedimiento necesarios.</p><p>• La<b> falta de detección de la discapacidad intelectual</b> es una de las barreras más importantes a las que se enfrentan estas personas para que se les apliquen ajustes de procedimiento.</p><p><b>• No existe</b>, en la legislación penal, un <b>reconocimiento de los ajustes</b> de procedimiento.</p><p>• Las características de las personas con discapacidad suelen <b>interpretarse erróneamente </b>como un comportamiento poco cooperativo en las investigaciones policiales o los procedimientos judiciales.</p><p>Para acabar con estos obstáculos, desde Plena Inclusión hacen las siguientes<b> recomendaciones</b>:</p><p>• Las <b>leyes penales deben modificarse</b> para reconocer los derechos de las personas con discapacidad y subrayar la necesidad de realizar ajustes de procedimiento.</p><p>• Crear un <b>protocolo de actuación</b> dirigido a los profesionales para cuando la acusada sea una persona con discapacidad.</p><p>• Crear <b>mecanismos prácticos y ágiles</b> para detectar la discapacidad intelectual en una fase temprana del procedimiento.</p>