El CERMI reclama que se agilice la adopción de normas esenciales para garantizar los derechos a consumidores con discapacidad

Este 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), desde su papel de organización de referencia en la incidencia política sobre discapacidad, recuerda a los poderes públicos que todavía están pendientes de aprobación varias normas de enorme calado para las personas con discapacidad como consumidoras de bienes, productos y servicios.

CERMI reclama que la futura Ley por la que se regularán los servicios de atención a la clientela tenga en cuenta la necesaria protección reforzada que la ley otorga a las personas con discapacidad y mayores, grupos ciudadanos con estatuto reconocido de personas consumidoras vulnerables.

Esta organización recuerda que la Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, actualmente en fase de Proyecto de Ley, debe salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad como grupo de atención preferente, ofreciendo soluciones inclusivas y accesibles que eviten la creciente exclusión de las personas con discapacidad del uso y disfrute de los servicios financieros, esenciales para la vida en comunidad.

CERMI espera la pronta adopción del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las Personas con Discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, norma fundamental en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras, pendiente de aprobación desde hace años.

Finalmente, CERMI confía en que el año en el que España ostenta la presidencia de turno del Consejo de ministros de la Unión Europea propicie seguir avanzando en la agenda política de las personas con discapacidad consumidoras, garantizándoles un consumo inclusivo.