Según apuntan los últimos datos del INE, una persona con discapacidad gana, de media, más de 4.000 euros al año menos que una persona sin discapacidad; un desfase que se debe, principalmente a que las personas con discapacidad tienen una menor formación.

La de la educación es, por tanto, otra de las brechas a las que las personas con discapacidad tienen que enfrentarse en una sociedad que no apuesta por una educación superior de las personas con discapacidad, como afirma Isabel Martínez Lozano, Directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven De La Fundación ONCE. «El sistema no cuenta con los recursos necesarios», se lamenta, «la brecha se va superando, pero no todo lo rápido que debería si la comparamos con otros países».

El resultado de esta falta de recursos se refleja en los datos, que evidencian que la presencia de las personas con discapacidad más allá de la educación obligatoria es bastante escasa, especialmente en ciclos intermedios: Bachillerato y Formación Profesional.

Según datos del curso 2019-2020, en FP estudian unas 13.635 alumnos con discapacidad (1,7% del total, pero solo un 0,6% de la FP superior tiene discapacidad). Y en Bachillerato, las cifras son todavía peores en cuanto a la presencia del alumnado con discapacidad, pues iguala cifras con la FP superior y apenas el 0,6% del total de estudiantes de este ciclo -4.842 de casi 700.000- tienen discapacidad. En la Universidad, en cambio, la situación es algo mejor, con casi 20.000 con discapacidad matriculados, un 1,5%.

Entre los motivos de esta falta de formación superior, según apunta Isabel Martínez Lozano: una ley poco ambiciosa, poca inversión y la falta de concienciación y formación de la comunidad educativa.

Uno de las principales barreras que impiden a los alumnos con discapacidad pasar de la educación obligatoria es la falta de medios en los ciclos intermedios, después de la ESO, en Bachillerato y Formación profesional, y esto da lugar a una paradoja bastante llamativa, «en la actualidad, hay más estudiantes con discapacidad en la Universidad que en FP, cuando se supone que la FP debería ser una vía más accesible para algunos perfiles de este colectivo», asegura Martínez Lozano.

Sin embargo, no es así, básicamente, porque ni en el Bachillerato ni en los ciclos de Formación Profesional se cumplen los derechos de los alumnos con discapacidad en materia de accesibilidad, «no se ponen recursos ni se garantiza que se lleven a cabo ni las adaptaciones curriculares ni los apoyos necesarios. Esto hace que estos ciclos se conviertan en una auténtica escabechina para las personas con discapacidad. En estas etapas es donde nos encontramos con un desafío mayor».

«La nueva ley de FP no garantiza los apoyos»

Los alumnos se topan así con un muro prácticamente infranqueable que les impide progresar en su formación y provoca que muy pocos lleguen a realizar estudios universitarios, pero que menos aún tengan acceso a una FP adaptada a sus necesidades, «la nueva ley de FP (Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional (LO 3/2022), no garantiza que tengan acceso a esos apoyos«.

Y eso a pesar de que el Real Patronato sobre Discapacidad se asegura que «la Formación Profesional puede ser una herramienta idónea para favorecer y estimular la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo y posteriormente en el profesional».

Hay más estudiantes con discapacidad en la Universidad, cuando se supone que la FP debería ser más accesible

Entre las barreras detectadas, según un estudio del Real Patronato sobre Discapacidad relativo a la atención a la discapacidad en la Formación Profesional, la ausencia de apoyos económicos (solo el 27% del alumnado con discapacidad tiene becas) y, especialmente la falta de accesibilidad, pues sólo el 46,7% de los centros dispone de un protocolo para la atención a estudiantes con discapacidad y menos todavía -el 28%- ha implantado medidas de accesibilidad y de diseño universal. Además, solo seis de cada diez de los alumnos que solicitaron algún tipo de adaptación debido a su discapacidad la consiguió.

Más alumnos y mejor atendidos en la Universidad

En la Universidad, en cambio, las cifran son más elevadas, pues, según datos de 2019, cerca de 20.000 personas con discapacidad estudiaban en las distintas facultades repartidas por España, una cifra que ahora mismo ya se ha superado, «en 2019 representaban el 1,5% de los alumnos y ahora está más o menos el 1,9%, pero nosotros pensamos que este porcentaje podría ser superior si se superaran todas las trabas que hay en la FP y el Bachiller. De hecho, se reservan hasta el 5% de las plazas para personas con discapacidad».

Llegan pocos, pero una vez allí, encuentran mucho más apoyo que en los ciclos anteriores, «curiosamente, en la Universidad la ley es más garantista: tienen matrículas gratuitas, hay una oficina de atención a la discapacidad… en general, se garantizan mejor los apoyos. Aunque hay universidades más adaptadas que otras, aún existen muchos problemas de accesibilidad y muchos siguen optando por la formación a distancia, se está avanzando mucho en equidad», reconoce Isabel Martínez, «nosotros, desde Fundación ONCE, estamos trabajando para que haya más personas con discapacidad en la Universidad. Trabajando con las universidades se puede conseguir una mayor igualdad de oportunidades de estos alumnos con discapacidad, también de los jóvenes con discapacidad intelectual«.

La discapacidad intelectual, la gran olvidada

Como ocurre con el acceso al mercado laboral, es la discapacidad intelectual la que sale peor parada en el sistema educativo, «la gran asignatura pendiente que tiene el sistema son las personas con discapacidad intelectual», asegura.

Aunque es cierto muchas de estas personas, debido a que su discapacidad intelectual es grave o profunda, no es viable que puedan acceder a Bachillerato, FP o la Universidad, hay otras con discapacidades más leves o moderas que sí podrían acceder con los apoyos necesarios, algo que, según Isabel Martínez, no ocurre porque, ni siquiera los que sí podrían progresar, cuentan con apoyos, «el sistema se centra en sus déficits y no en sus capacidades, les suspende desde que empiezan hasta que terminan», se queja.

Trabajando con las universidades se puede conseguir una mayor igualdad de oportunidades de estos alumnos con discapacidad, también de los jóvenes con discapacidad intelectual

Con un cambio de paradigma, estos jóvenes podrían incluso, llegar a la Universidad, «ya existen programas universitarios para jóvenes con discapacidad intelectual en 30 universidades. El programa se llama UniDiversidad y consta de unos cursos de promoción para el empleo, títulos y diplomas oficiales en los que tratamos que los jóvenes con discapacidad intelectual -tanto si han sido capaces de superar la educación secundaria como si no- puedan seguir con su educación. Están pensados para jóvenes de 18 a 30 años y están demostrando que, con los medios necesarios, con las metodologías docentes adecuadas y las adaptaciones curriculares necesarias, muchas personas con discapacidad intelectual -moderada o leve- podrían progresar académicamente, porque todos somos capaces de aprender».

Para que esto cambie, no basta con cambiar las leyes, «se supone que hay que enseñar a la gente según sus capacidades, y ahora no es así. El sistema educativo lo conforma toda la comunidad y las leyes tienen que ir acompañadas de un profesorado concienciado y formado«. Algo que no ocurre, según advierte, no solo en España, sino en la mayoría de los países, «uno de los grandes problemas que se encuentran los sistemas educativos de todo el mundo es la falta de destreza y formación del profesorado en material de discapacidad y diversidad. En España hay más de 700.000 alumnos con necesidades educativas especiales, y el sistema educativo y las metodologías tienen que cambiar para que estas personas no se queden atrás. Las administraciones públicas tienen que poner más medios, pero el profesorado también tiene que ser más proactivo para adaptarse a nuevas metodologías. Nosotros somos optimistas», concluye.