Alrededor de 87 millones de personas tienen una discapacidad en la Unión Europea (UE). De ellas, más de 24 millones tienen una discapacidad grave, según el Parlamento Europeo (PE), quien también asegura que existe una relación entre el incremento del número de personas con discapacidad y el envejecimiento de la población europea.

Datos reveladores que se deslizan de un informe impulsado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, aprobado el pasado martes por el organismo europeo. En el texto, los eurodiputados urgen a la Comisión Europea (CE) y a los Estados miembros a tomar medidas «efectivas y concretas» para promover la igualdad de derechos, la inclusión y la diversidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

La eurodiputada francesa Anne-Sophie Pelletier, impulsora del texto, aseguró en el debate parlamentario que «muchas personas con discapacidad son discriminadas en Europa porque no pueden acceder al trabajo, a sus derechos fundamentales. No hay igualdad». «Hemos elaborado este informe con mucho entusiasmo porque hemos querido centrar el protagonismo en el individuo, escuchando sus necesidades», afirmó, para después apelar a «ser ambiciosos para que nunca más haya ciudadanos tratados de otra manera. La ‘invalidez’ no existe y la discriminación por discapacidad es una realidad», añadió.

Por su parte, el eurodiputado español Jordi Cañas (C’s), responsable de la contribución de la Comisión de Empleo, aseguró que «tenemos el objetivo de la igualdad, pero la realidad es que no hay igualdad. La igualdad es un objetivo que siempre estamos persiguiendo, pero las personas con discapacidad la necesitan especialmente. Este Parlamento debe comprometerse con una idea clara: todos los derechos para todos los ciudadanos en toda la Unión Europea, no puede haber excepciones».

La eurodiputada popular Rosa Estarás instó en el debate parlamentario a que la UE trabaje en la «accesibilidad e inclusión» en todos los ámbitos de la vida y subrayó la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad mediante políticas y legislación centradas en el acceso a la educación, al empleo, a la justicia y a la vivienda. «Inclusión significa que todas las personas tienen el mismo valor, significa tolerancia, igualdad, respeto», declaró.

La igualdad es un objetivo que siempre perseguimos, pero las personas con discapacidad necesitan especialmente

El informe, que salió adelante con amplia mayoría, pese a no tener valor jurídico busca que se implemente «plenamente» la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todas las medidas legislativas, políticas y de financiación, en particular en lo que respecta a la inclusión social y laboral. A continuación, repasamos algunas de las propuestas del PE, recogidas en la resolución.

Vida independiente e inclusión en la comunidad

Los eurodiputados reivindican en el informe que las personas con discapacidad tienen derecho a «vivir de forma independiente y a recibir servicios comunitarios apropiados». «La verdadera inclusión solo puede tener lugar si hay servicios locales de calidad que sean accesibles y asequibles», declaró la Comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli, quien aseguró que «la accesibilidad es un elemento clave para poder vivir de forma independiente ya que permite que estas personas puedan circular libremente, acceder a información y disfrutar de las comodidades que les ofrecen sus comunidades en materia de empleo, educación, cultura, ocio, deporte, sin olvidarnos del acceso a la salud».

Se deben erradicar los estereotipos, el capacitismo y los conceptos erróneos que impiden que las personas con discapacidad vivan de manera independiente

Por ello, la resolución del Parlamento demanda a la CE y a los Estados miembros que eliminen los entornos institucionales de atención a las personas con discapacidad «lo antes posible» para adoptar un sistema que permita la participación social. «Se deben erradicar los estereotipos, el capacitismo y los conceptos erróneos que impiden que las personas con discapacidad vivan de manera independiente y se debe promover su contribución a la sociedad», señala el informe, que hace hincapié en que el acceso al mercado laboral es esencial para permitir a las personas con discapacidad vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad.

Igualdad y no discriminación

Las personas con discapacidad siguen sufriendo discriminación en diferentes formas, como «la denegación de ajustes razonables, el acoso, el aislamiento social, o la violencia», por lo que el PE respalda que la UE integre la perspectiva de la discapacidad en todas sus políticas, programas y estrategias. Además, los eurodiputados piden «que se promueva la sensibilización, en especial dirigida a los jóvenes». El informe denuncia que las mujeres y las niñas, los menores, los ancianos, las personas sin hogar, los presos, los migrantes y refugiados, las personas racializadas y las personas pertenecientes a minorías étnicas o las personas LGBTIQ+ corren mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de discriminación y violencia por su discapacidad.

Asimismo, destaca que las mujeres con discapacidad tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia sexual y corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género, por lo que la Eurocámara reclama la creación de «mecanismos accesibles para denunciar actos de violencia contra personas con discapacidad, así como servicios de apoyo a las víctimas». También manifiesta su profunda preocupación por la excesiva frecuencia con la que las mujeres con discapacidad ven denegado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva e incluso por el riesgo que corren de ser esterilizadas de forma forzosa, por lo que pide medidas legislativas que protejan «la integridad física, la libertad de elección y la autodeterminación de estas personas en relación con su vida sexual y reproductiva»

Capacidad jurídica

Por otro lado, en materia legal, el informe subraya que «debe prestarse asistencia adecuada a quienes tienen dificultades para ejercer su capacidad jurídica«. Por este motivo, pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten «medidas urgentes para derogar las restricciones a la capacidad jurídica que constituyen impedimentos a los derechos de las personas con discapacidad», basadas en una toma de decisiones asistida en todos los países de la UE, como ya sucede en España, de modo que «se respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona».

En cuanto a las barreras que impiden el pleno acceso de estas personas a la justicia, reclama que «las instalaciones y los servicios deben ser accesibles» y pide la adopción de «medidas adecuadas para eliminar todas las barreras, incluidas las culturales, abordando el desconocimiento de las discapacidades, lo que ha de incluir la asignación de fondos adecuados para la formación del personal de justicia».

Participación en la vida política y pública

En 14 Estados miembros de la UE se deniega el derecho a voto a personas con discapacidad bajo tutela plena o parcial y solo en siete pueden ejercer su derecho a presentarse como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo. Por estas razones, los eurodiputados instan a la UE a que reformen el Derecho electoral europeo y a los países legislación en la materia, «para garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones en pie de igualdad con los demás», además de que estén más representados en las listas electorales de los partidos. «Las personas con discapacidad deben poder votar y concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones», subraya el texto.

Asimismo, asegura que, en ocasiones, existen barreras que impiden que ejerzan su derecho democrático, por lo que se debe impulsar «la promoción y adopción de medidas de accesibilidad y de formatos de comunicación específicos, como el lenguaje de lectura fácil, el Braille y el lenguaje de signos» y anima a la CE a que invierta en el desarrollo de aplicaciones de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) para ello.

Las personas con discapacidad deben poder votar y concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones

Educación inclusiva y sanidad accesible y de calidad

En cuanto a educación, la Eurocámara reclama medidas para facilitar a todos los alumnos con discapacidad «el acceso y el disfrute de una educación inclusiva y de calidad, incluidos el aprendizaje electrónico y el aprendizaje permanente». Los eurodiputados lamentan la «escasez de inversiones en estructuras para las personas con discapacidad que necesitan cuidados específicos por parte de profesionales especializados, lo que en algunos casos las obliga, en especial a los jóvenes en edad escolar, a alejarse de su familia para acceder a instalaciones adecuadas» en otros países.

Además, instan a que se adopten «medidas rápidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a asistencia sanitaria y programas gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad, calidad y exigencia que las demás personas, incluido el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva«.

Empleo inclusivo

El 50,8% de las personas con discapacidad tienen un trabajo, frente al 75% de las personas sin discapacidad, según la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. El empleo es uno de los temas angulares de la propuesta del PE. Los eurodiputados recuerdan que la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral «no solo es esencial para la inclusión social y la igualdad de oportunidades, sino que también ofrece importantes oportunidades económicas para la independencia financiera» de estas personas.

Los eurodiputados piden garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, salarios mínimos adecuados y medidas de transparencia salarial, horarios de trabajo flexibles, servicios asistenciales y el desarrollo de modelos inclusivos de empleo protegido y con apoyos.

Por otro lado, piden que se aplique «la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores» e insiste en que se debe «estudiar la aplicación de ajustes especiales en materia de permiso para cuidadores, permiso de paternidad, permiso parental y horario flexible de trabajo para los progenitores en situaciones especialmente desfavorecidas, como aquellos con discapacidad o que tienen hijos con discapacidad o enfermedades crónicas, sin repercusiones para el empleador».

Asimismo, el informe busca que se evalúen las «tendencias clave» desde la perspectiva de la discapacidad para identificar y poner en marcha acciones específicas que hagan que el mercado laboral sea más inclusivo y se reduzca la brecha digital. Además, lamenta que el Consejo siga bloqueando la Directiva de igualdad horizontal, en la que no ha habido avances desde 2008.

La Tarjeta Europea de Discapacidad

Los eurodiputados subrayan, por otra parte, la necesidad «inexcusable» de definir, diagnosticar y reconocer mutuamente la condición de discapacidad en toda la UE para garantizar la libre circulación de las personas con discapacidad en todos los países. Sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad, que se espera sea propuesta por la CE a finales de 2023, aseguran que debe ser obligatoria en todos los Estados miembros y abarcar ámbitos más allá de la cultura, el ocio y el deporte: «Debe poder emplearse en los servicios públicos nacionales, regionales y locales, como el transporte, y tener un sitio web y una base de datos en línea de la Unión que estén disponibles en todas las lenguas, incluidos formatos de comunicación específicos».

Riesgo de desastres

Por otra parte, el informe asegura que, en una crisis, las personas con discapacidad se encuentran entre la población más marginada y que corre mayor riesgo. Asimismo, en situaciones de guerra, estas personas «pueden sufrir ataques violentos, desplazamientos forzosos y una desatención constante». En este sentido, la Eurocámara considera que se debe desarrollar un plan de acción para la reducción del riesgo de desastres que incluya a las personas con discapacidad.

Fondos europeos

Por último, el Parlamento Europeo acoge con «satisfacción» la próxima auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre cómo los fondos de la UE contribuyen a garantizar la igualdad e insta a la Comisión a suspender o recuperar los pagos en caso de vulneración de los derechos fundamentales porque «ningún proyecto que conlleve segregación debería recibir fondos de la UE y las personas con discapacidad deben tener acceso a estos fondos en todo momento».