Derechos Sociales blindará el derecho de las personas con discapacidad a acceder a determinados bienes y servicios

El ministerio de Derechos Sociales llevará al Consejo de Ministros del próximo lunes 31 de octubre la aprobación del anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios para adaptarlos a la nueva directiva europea.

Bruselas establece unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE que blinde el derecho de las personas con discapacidad a acceder a determinados bienes y servicios.

Para el Ministerio, resulta imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes para que al realizar actividades cotidianas como usar un datáfono o reservar un vuelo por internet, no se expulse a las personas con discapacidad.

Así, una vez aprobada y en vigor, serán plenamente accesibles productos tales como las máquinas de facturación, los terminales de autoservicio interactivos, los terminales de gestión de turno o los lectores electrónicos. Asimismo, entre otros servicios, serán accesibles las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, sus terminales de servicio interactivos (situados en estaciones de tren, aeropuertos, puertos, etc.), los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico.

Además, el teléfono de emergencia 112 será accesible en toda la Unión Europea. Actualmente, las personas con discapacidad, y particularmente las personas sordas, experimentan dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112. En este sentido, en ningún caso será necesario un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112.

Estos estándares comunes protegen el derecho de circulación sin discriminación de todas las personas, asegurando así una mayor autonomía de las personas con discapacidad.

Transposición integral de la directiva europea

España es de los pocos países que ha apostado por una de transposición integral la Directiva 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios y concretamente dotándola de rango de Ley. Así, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 busca precisamente proteger a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias, y catalizar cambios sociales para eliminar barreras.

Derechos Sociales asimismo está ultimando un Real Decreto Ley de accesibilidad que ampliará servicios y productos que actualmente no se encuentran recogidos en esta Directiva. Ambas normas se enmarcan en el compromiso del ministerio en desarrollar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación a bienes y servicios a disposición del público.