Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma íntegra:
Martínez considera que en servicios como un centro de día o una residencia, solo debe exigirse el copago a las personas que tengan capacidad económica. «Nos gustaría que hubiese un umbral sin copago y limitarlo para conseguir que de manera progresiva el copago vaya desapareciendo de las prestaciones y ayudas de los servicios sociales», ha dicho.
Sobre el copago ha expuesto que es un tema «controvertido» y que lo que suele ser gratis «no se valora», pero cree que hay que establecer sistemas que sean «más beneficiosos para la persona que lo necesite».
El presidente del CERMI ha realizado diversas aportaciones a la ley de Servicios Sociales. Entre ellas considera que los trabajadores sociales deben atender a un máximo de 3.000 expedientes para evitar que se produzcan las listas de espera. «Por encima de esas 3000 personas podría generar una saturación en el sistema», ha expuesto a los parlamentarios.
Ha pedido también celeridad a los diputados porque tras la pandemia hay ciertas situaciones que se han agravado. En ese sentido ha detallado que antes de la crisis de la Covid-19 entre 200 y 300 personas esperaban una plaza en un centro de día o residencia.
La nueva ley de Servicios Sociales debe recoger, ha dicho, el catálogo de servicios, incorporar las enfermedades raras y a los inmigrantes y garantizar que la Comunidad ofrece una atención mínima en todos los ayuntamientos. «Hay que procurar que las personas que estén en los municipios tengan un acceso igualitario a los servicios sociales, garantizando el mínimo de prestación de esos servicios y manteniendo una coordinación con el sistema sanitarios», ha señalado.
El presidente del CERMI ha instado a «mirar al futuro» recordando que la última ley de Servicios Sociales de la Comunidad data de 2003. «Tenemos que hacer una ley que permita mirar al futuro en los próximos 20 años y tenemos que dotarla de todos los elementos para que se pueda emplear con seguridad y transparencia», ha apuntado.
Ante la comisión también ha comparecido Juan Carrión, representante del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región. Él ha propuesto que se fije una ratio máxima de 3.000 habitantes por profesional de la Unidad de Trabajo Social, que reduzca la actual ratio de 8.221 habitantes, con el fin de prestar una adecuada atención.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social también se han destacado las crisis sociales que han provocado fenómenos como los terremotos o el coronavirus, lo que ha generado la necesidad de asistir a personas fuera del horario de la Administración. Carrión ha planteado la necesidad de disponer de un dispositivo de emergencias entrenado para este fin. «Es necesario incorporar un servicio regional de urgencia y emergencias sociales complementario del sistema de servicios sociales que permita la intervención en los municipios donde no exista o cuando la magnitud de la emergencia requiera de su apoyo», ha recalcado.
Fuente: 20minutos Presidente del CERMI cree que habría que "limitar" el copago para eliminarlo progresivamente de los servicios sociales
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