Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma íntegra:
Estos cambios consistirían en flexibilizar de forma transitoria y excepcional los requisitos de titulación exigidos para poder trabajar en el ámbito de la Ley de la Dependencia.
Según ha explicado Ana la consejera, el objetivo de esta demanda es facilitar a las instituciones y a las empresas del sector la contratación de personal y que la atención a las personas dependientes y con discapacidad «no se vea en ningún caso mermada como consecuencia de la crisis sanitaria».
Aunque Cantabria es la comunidad con menor número de personas contagiadas por el coronavirus y, por el momento, en materia de personal los servicios vinculados a la Ley de Dependencia «no se están viendo gravemente afectados», Álvarez ha sostenido que «debemos estar preparados para poder articular una respuesta ágil en caso de que la situación lo requiera».
En una videoconferencia mantenida esta tarde con el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y con el resto de consejeros autonómicos del área, Álvarez también ha defendido que los trabajadores de los servicios sociales sean considerados, junto al personal sanitario, como «prioritarios» en el reparto de material de protección.
La consejera ha manifestado que es «consciente del desabastecimiento» que existe en España y a nivel europeo y mundial «entiende que la solución es compleja», pero ha pedido al Ministerio que dentro de las posibilidades se tenga en cuenta a los centros residenciales y al personal de ayuda a domicilio en el reparto de Equipos de Protección Individual (EPIs).
Al respecto, el Ministerio ha informado de que el Gobierno de España está en contacto con China para garantizar el suministro de estos equipos.
Por otro lado, la titular de Políticas Sociales cántabra ha manifestado la conveniencia de que el Ministerio elabore en coordinación con Salud Pública un protocolo de actuación específico para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que contenga «instrucciones claras» que deben seguir los empleados cuando acuden al domicilio de la persona dependiente.
«Las trabajadoras de la ayuda a domicilio y de los centros residenciales tienen un papel fundamental en esta crisis sanitaria y son muy conscientes del servicio público que prestan. No me cabe duda de que estarán a la altura de las circunstancias, como ya están demostrando», ha recalcado Álvarez.
Por otro lado, ha aplaudido el plan aprobado por el Gobierno de España para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus, que incluye un Fondo Social dotado con 600 millones de euros para reforzar la protección social de las personas más vulnerables.
En la reunión, también se ha dado cuenta del protocolo elaborado por el Ministerio para la prestación de los servicios de atención primaria, que incluye «muchas de las medidas» que la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria ya adoptó el pasado domingo.
Entre ellas, adaptar el servicio de ayuda a domicilio a las necesidades individuales de cada usuario y contactar diariamente con todos los beneficiarios de los servicios de teleasistencia y centros de día para dar una respuesta «inmediata» ante eventualidades que puedan surgir.
Ante el resto de sus homólogos, la consejeraha explicado que Cantabria ha optado por suspender los nuevos ingresos en centros residenciales -salvo en caso de necesidad social- con el objetivo de «blindar» en la medida de lo posible a las personas dependientes, que son «el colectivo más frágil ante el virus».
En este sentido, ha insistido en la importancia de «extremar las preocupaciones» con las personas mayores y «evitar todos aquellos contactos que en estos momentos de emergencia no sean imprescindibles».
Fuente: 20minutos Cantabria pide a Derechos Sociales garantizar la atención a las personas dependientes y con discapacidad
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