Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma \u00edntegra: <\/p>\n
De acuerdo con los datos de los que dispone el Ministerio P\u00fablico, facilitados a Europa Press, han sido hasta el momento doce casos, de los que once est\u00e1n judicializados. En concreto, dos notificados en Santiago de Compostela, cuatro en Vigo, uno en Ferrol, tres en Ourense y dos en Pontevedra. En este \u00faltimo caso, uno de ellos no est\u00e1 judicializado porque la persona, que ya hab\u00eda pasado el Covid, tuvo que ser, con posterioridad, ingresada y se est\u00e1 a la espera de su situaci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n
El otro caso se trata de una persona que mantiene \u00abuna postura negacionista\u00bb y que tampoco dio respuesta al plazo que se le dio para firmar el consentimiento, previo aviso de que, de lo contrario, se iniciar\u00edan las correspondientes actuaciones judiciales.<\/p>\n
En referencia al n\u00famero de negativas, el fiscal delegado de Galicia apunta que \u00absi se tiene en cuenta que las plazas residenciales son unas 20.000 de centros de mayores y no llega a 3.000 en el caso de personas con discapacidad se puede valorar una incidencia m\u00ednima\u00bb.<\/p>\n
Al hilo de ello, recalca que hay que tener en cuenta que las negativas que entra a valorar la Fiscal\u00eda \u00abson aquellas en las que la persona no est\u00e1 en condiciones de decidir por s\u00ed mismo, no en aquellos casos en que una persona libre y consciente decide su no vacunaci\u00f3n, aunque en este supuesto, sin tener datos concretos tambi\u00e9n las negativas han sido m\u00ednimas\u00bb.<\/p>\n
MOTIVOS<\/p>\n
Sobre las razones que hay detr\u00e1s de esta decisi\u00f3n, indica que \u00abcon los escasos supuestos que se han producido es muy dif\u00edcil hacer una valoraci\u00f3n de las razones\u00bb.<\/p>\n
\u00abSi se puede observar que en la mayor\u00eda de los supuestos es una situaci\u00f3n de miedo a los efectos secundarios y quedarse a la espera de c\u00f3mo evolucione la vacunaci\u00f3n o el no querer asumir las consecuencias de posibles efectos adversos\u00bb. Por otra parte, apunta que fue al inicio del periodo de vacunaci\u00f3n \u00abcuando se produjeron m\u00e1s casos\u00bb.<\/p>\n
Con la vacunaci\u00f3n de personas de mayores de 80 a\u00f1os que no viven en residencias, se muestra convencido de que \u00abpor un mero efecto estad\u00edstico\u00bb se producir\u00e1n m\u00e1s supuestos, \u00abpero en todo caso no creo que sea significativo\u00bb, apunta. \u00abSin perjuicio de que se produzcan situaciones de no acudir a citas, dejadez…, que en el caso de los centros residenciales no se produce\u00bb, reconoce.<\/p>\n
CRITERIOS DE ACTUACI\u00d3N<\/p>\n
Respecto a la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, se\u00f1ala que ya estableci\u00f3, desde el inicio de la vacunaci\u00f3n, \u00abuna serie de posiciones en cuanto a la vacunaci\u00f3n de personas con discapacidad\u00bb. \u00abAs\u00ed ya en diciembre se remiti\u00f3 a trav\u00e9s de la Xunta de Galicia, al ser lo m\u00e1s efectivo dado las fechas navide\u00f1as, sobre los supuestos de personas que no estaban en situaci\u00f3n de decidir y qui\u00e9nes eran las personas que pod\u00edan decidir al respecto\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, remarca que desde inicio de a\u00f1o se estableci\u00f3 por parte de los fiscales coordinadores de protecci\u00f3n a la discapacidad de Galicia \u00abunos criterios comunes respecto de la vacunaci\u00f3n en las residencias\u00bb.<\/p>\n
Para ello, se traslad\u00f3 a todos los centros residenciales que deb\u00edan informar, bien al juzgado o a la Fiscal\u00eda, \u00abdependiendo de los medios y formas de organizaci\u00f3n de cada territorio, el modo de comunicar las negativas\u00bb. \u00abY esas directrices son las que han dado lugar a los procedimientos judiciales\u00bb, apostilla.<\/p>\n
Al respecto, aclara que en algunas fiscal\u00edas, como Pontevedra y Lugo, desde la residencia se avisa primero al Ministerio P\u00fablico para luego determinar, una vez hablado con los familiares -expone aludiendo a casos que \u00e9l mismo ha llevado-, el inicio o no del procedimiento. En otras, como en Vigo, se acord\u00f3 que desde la residencia se comunique al juzgado.<\/p>\n
El fiscal Santiago Miguel Cruces explica tambi\u00e9n que \u00abpersonas con la capacidad modificada judicialmente, los que antes se conoc\u00eda como incapacitados, se ha establecido que en las rendiciones de cuentas anuales -por parte de tutores u otras personas encargadas-, por parte de la Fiscal\u00eda se va a exigir se informe expresamente sobre la vacunaci\u00f3n si la misma se ha producido\u00bb. \u00abY un pronunciamiento respecto a la negativa y la justificaci\u00f3n para, en su caso, instar el pronunciamiento judicial correspondiente\u00bb, a\u00f1ade.<\/p>\n
CONSECUENCIAS LEGALES<\/p>\n
Cuestionado sobre las consecuencias legales, recuerda que \u00abla principal obligaci\u00f3n de cualquiera de los medios de apoyo a la persona con discapacidad\u00bb tanto formales, como puede ser el caso del tutor, como informales, el guardador de hecho -un familiar-, \u00abes el de promover el bienestar integral de la persona con discapacidad y por tanto de proteger la salud\u00bb.<\/p>\n
\u00abHipot\u00e9ticamente el incumplimiento de esas obligaciones puede llevar a la remoci\u00f3n del cargo tutelar con las consecuencias que ello conlleva, pero es algo que habr\u00eda que valorar en el caso concreto y no solo por la negativa o no a la vacunaci\u00f3n, si no valorar toda la situaci\u00f3n\u00bb, incide.<\/p>\n
As\u00ed, expone que \u00abpuede ser que como consecuencia de este control se ponga de manifiesto una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n en la que la negativa a la vacunaci\u00f3n sea la ‘punta del iceberg’ de otras situaciones\u00bb por lo que se remite a la valoraci\u00f3n de \u00abcaso a caso\u00bb y \u00abdesde una perspectiva global de an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n de la persona\u00bb.<\/p>\n
De cualquier modo, insiste en que lo que s\u00ed se va a producir son \u00ablas ‘cargas’ que todo procedimiento judicial conlleva de comparecencias, asistencia jur\u00eddica, en su caso, costas\u00bb. Sobre las posibles consecuencias, no descarta responsabilidades penales si, citando un caso hipot\u00e9tico, \u00abalguien se contagia por no estar vacunado y eso est\u00e1 perfectamente acreditado\u00bb.<\/p>\n
\u00abEso podr\u00eda tener responsables penales\u00bb y, aunque admite la dificultad de llegar a una conclusi\u00f3n de este tipo, incide en las consecuencias civiles como la posibilidad de perder la tutela en funci\u00f3n de lo que se determine durante el procedimiento u otras actuaciones judiciales en las que pudiera derivar el caso.<\/p>\n