Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma \u00edntegra: <\/p>\n
La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, Mar\u00eda Jos\u00e9 Segarra, ha dado cuenta este jueves en rueda de prensa de la actividad desarrollada por su departamento por la afectaci\u00f3n en residencias por la pandemia de covid, y ha ofrecido un dato aproximado de fallecimientos de la poblaci\u00f3n de residentes, que ha sido de entre el 6 y el 8 por ciento, si bien ha apuntado que cifra corresponde fijarla esta corresponde la Instituto Nacional de Estad\u00edstica (INE).<\/p>\n
Tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que, respecto al exceso de mortalidad constatado, el 77 por ciento de fallecidos en residencias lo fue durante la primera ola y ese dato en la actualidad es la del 18 por ciento.<\/p>\n
Segarra, que ha comparecido tras una explicaci\u00f3n general de la labor de su departamento por parte de la fiscal general, Dolores Delgado, ha hecho balance de la actuaci\u00f3n de los fiscales de toda Espa\u00f1a sobre este asunto, Segarra ha se\u00f1alado desde el pasado mes de marzo se han abierto en el \u00e1mbito penal un total de 441 diligencias, de las que actualmente se encuentran en tr\u00e1mite 209, 112 de ellas en Madrid.<\/p>\n
Le siguen, muy por detr\u00e1s, Castilla y Le\u00f3n con 19 expedientes penales abiertos, y tras este territorio Catalu\u00f1a (15), Extremadura (12), Castilla-La Mancha (11), Galicia (10), y despu\u00e9s Andaluc\u00eda (8), Murcia (5), Arag\u00f3n y Canarias y Cantabria (3 cada una), Navarra (2), Asturias y Baleares (1 caso abierto en su fiscal\u00eda territorial cada una).<\/p>\n
De este modo, el estado procedimental actualizado de las diligencias penales se\u00f1ala que un 47,39 por ciento del total de las incoadas siguen en tramitaci\u00f3n, el 51,92 por ciento han sido archivadas y, de estas \u00faltimas el 11,8 por ciento han finalizado como consecuencia de la interposici\u00f3n de denuncia o querella ante los juzgados competentes por parte de las propias Fiscal\u00edas.<\/p>\n
En cuanto a los motivos de denuncia recibidas, el 42 por ciento (un total de 189) lo han sido por homicidios por imprudencia y un 36 por ciento de tipo general por la situaci\u00f3n de las Residencias (163). Les siguen denuncias por delitos contra la salud de los trabajadores (11), deficiencias en la atenci\u00f3n m\u00e9dica (21), lesiones (6) trato degradante (5), abandono de familia (4), prevaricaci\u00f3n (2) y rechazo de traslado a UCI (1).<\/p>\n
En el \u00e1mbito civil -seguimientos para asegurar derechos de los residentes- se acumulan ya tres denuncias por negativa de vacunaci\u00f3n por familiares, 69 por elevado n\u00famero de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atenci\u00f3n sanitaria. Tambi\u00e9n hay un total de 499 procedimientos de seguimiento en residencias, 6 expedientes por falta de medios, 5 por denegaci\u00f3n de ingreso hospitalario, tres de reclamaci\u00f3n de visitas y uno por desamparo de persona mayor en domicilio.<\/p>\n
En cuanto al n\u00famero de este tipo de procedimientos civiles, las denominadas diligencias pre-procesales son actualmente 476 de las 786 incoadas desde marzo, ya que 294 han sido archivadas.<\/p>\n
Por territorios existe mucha diferencia de datos (Catalu\u00f1a acumula 192, Asturias 140 y comunidades como las Castillas no llegan a la decena), si bien Segarra ha explicado que ello es por las diferencias de procedimiento, ya que muchas provincias optaron por abrir diligencias de seguimiento por cada uno de los centros residenciales mientras que en otras se hizo agrupando varios centros.<\/p>\n
FALLOS DETECTADOS<\/p>\n
Con independencia de los datos, Segarra ha querido transmitir un mensaje claro sobre el hecho de que la pandemia haya puesto de manifiesto los fallos que parece acumular nuestro modelo residencial, como los de gobernanza en los centros, falta de medios m\u00e9dicos y personal cualificado, as\u00ed como existencia de trabajadores con escasa remuneraci\u00f3n e incentivos, a lo que se uni\u00f3 el hecho de la falta de recursos en hospitales que se llev\u00f3 muchos de estos empleos, produciendo un d\u00e9ficit de atenci\u00f3n en residencias.<\/p>\n
Sin embargo, ha rechazado que se pueda hablar en t\u00e9rminos generales de negligencia, pues en su departamento prima el trabajo de monitorizaci\u00f3n de las personas.<\/p>\n
Igualmente, ha destacado que la labor de seguimiento en las residencias ha permitido constatar el \u00abimpacto del confinamiento\u00bb en los mayores, tanto a nivel f\u00edsico, de movilidad, como psicol\u00f3gico e incluso nutricional, y en este punto a aplaudido la labor de los trabajadores en dichos centros.<\/p>\n
Tambi\u00e9n ha relatado el trabajo desarrollado por los fiscales desde que estall\u00f3 la pandemia, ya que empezaron a trabajar en la monitorizaci\u00f3n de residencias (a trav\u00e9s del tel\u00e9fono e incluso videollamadas, pues no pod\u00edan acceder a los centros durante el confinamiento) y atenci\u00f3n a personas mayores que viv\u00edan solas y a cuyos casos accedieron a trav\u00e9s de organizaciones como Cruz Roja.<\/p>\n
Este trabajo de campo se desarroll\u00f3 con alguna an\u00e9cdota destacable, como el hecho de que fiscales se tuvieran que personar ante las puertas de una Consejer\u00eda determinada de la que no obten\u00edan respuesta para conseguir tel\u00e9fonos a los que poder dirigirse, o el descubrimiento en Canarias de que se carec\u00eda de un listado real de n\u00famero de residencias y se tuviera que encomendar a la polic\u00eda auton\u00f3mica realizar esta cuantificaci\u00f3n.<\/p>\n
Se descubrieron adem\u00e1s, aunque no ha cuantificado n\u00famero de casos, centros que eran un mero chalet con cinco o seis habitaciones con ancianos residentes.<\/p>\n
VACUNACI\u00d3N<\/p>\n
Sobre la incidencia de la campa\u00f1a de vacunaci\u00f3n en el trabajo de los fiscales, Segarra ha mostrado su satisfacci\u00f3n por el hecho de que los protocolos se est\u00e9n cumpliendo y se est\u00e9 vacunando en primer lugar a los mayores.<\/p>\n
Respecto a los tres casos de negativa de familiares, la Fiscal\u00eda los estudia en funci\u00f3n de lo que que establece la Ley de Autonom\u00eda del Paciente, si bien se\u00f1ala que en ausencia de alergias y si as\u00ed lo prescribe el m\u00e9dico el Ministerio P\u00fablico se posicionar\u00e1 a favor de que se inocule, aunque cada caso debe ser estudiado.<\/p>\n
Preguntada si puede tener relevancia penal el caso de alcaldes y consejeros auton\u00f3micos, como el de Murcia o el de Ceuta, que se han vacunado junto a sus departamentos antes del momento en el que lo establecen los protocolos de Sanidad, Segarra ha se\u00f1alado que la Fiscal\u00eda estudiar\u00e1 el asunto a nivel territorial en el caso de que haya denuncias, si bien lo importante para su departamento es que el protocolo se est\u00e1 cumpliendo para los mayores.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se estudiar\u00e1n los protocolos de comunidades que hayan sido denunciados, como es el caso de las cartas emitidas por el ex consejero de Pol\u00edticas Sociales de la Comunidad de Madrid a su compa\u00f1ero de Salud, que alertaban sobre los protocolos de traslado desde residencias a hospitales, y que fueron remitidos a la Fiscal\u00eda por una asociaci\u00f3n de pacientes.<\/p>\n