Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma \u00edntegra: <\/p>\n
Seg\u00fan constata la Sindicatura, los plazos se exceden \u00abde forma escandalosa, por acostumbrada\u00bb en asuntos \u00abtan b\u00e1sicos\u00bb como la Renta Valenciana de Inclusi\u00f3n; vivienda; atenci\u00f3n a la discapacidad o a la dependencia; prestaciones de emergencia, sanitarias o de inclusi\u00f3n.<\/p>\n
En 2019 la Sindicatura tramit\u00f3 4.528 nuevas quejas, 33 de oficio, y 11.923 consultas de la ciudadan\u00eda. La mayor\u00eda, 2.630 (el 58,08 por ciento) proced\u00edan de Alicante; 1.520 (33,57%) de Valencia y 213 de Castell\u00f3n, el 4,70%. De ellas, la Conselleria de Igualdad y Pol\u00edticas Inclusivas suma 1.349 quejas de las 2.475 recibidas por actuaciones de la administraci\u00f3n auton\u00f3mica, mientras que Les Corts e Innovaci\u00f3n \u00fanicamente registran dos.<\/p>\n
A Igualdad le siguen Sanidad (489), Agricultura (270), Educaci\u00f3n (164) y Vivienda (112). Los entes locales recibieron 1.524 quejas, en su mayor parte de Alicante, con 826. La cifra m\u00e1s alta de quejas corresponde a la atenci\u00f3n a la dependencia (779); Servicios Sociales (565); Consumo, industria, agricultura y hacienda (444); Sanidad (439), Empleo P\u00fablico (363), Medio Ambiente (232) y Educaci\u00f3n (256).<\/p>\n
La instituci\u00f3n ha pasado de registrar 12.200 quejas en 2018 a las 4.528 en 2019 porque en este ejercicio se han ajustado los registros, agrupando en un \u00fanico expediente las quejas de un mismo asunto presentadas por numerosas personas (las denominadas quejas colectivas), ha concretado el organismo. De este modo, \u00abse evita distorsionar la apreciaci\u00f3n de los problemas y los n\u00fameros resultantes est\u00e1n en consonancia con los de las otras Defensor\u00edas\u00bb.<\/p>\n
RENTA VALENCIANA DE INCLUSI\u00d3N<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la Renta Valenciana de Inclusi\u00f3n, la demora en resolver los expedientes ha provocado que las personas solicitantes se vean forzadas a demandar ayudas de emergencia en sus ayuntamientos de residencia. Adem\u00e1s, el s\u00edndic lamenta que los plazos de resoluci\u00f3n \u00abno se cumpl\u00edan con la renta garantizada de ciudadan\u00eda y siguen sin cumplirse\u00bb con este instrumento.<\/p>\n
A pesar de suponer un \u00abimportante avance normativo\u00bb, el organismo que dirige \u00c1ngel Luna se\u00f1ala que la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la Ley 19\/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusi\u00f3n, \u00abest\u00e1 vi\u00e9ndose seriamente comprometida en su eficacia y en sus plazos por la forma de descentralizaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n y gesti\u00f3n en las entidades locales, sin garantizar una dotaci\u00f3n de personal suficiente ni, sobre todo, estable\u00bb.<\/p>\n
De una parte, en muchas ocasiones las entidades locales \u00absuperan con creces los tres meses de plazo previstos legalmente para realizar los informes, llegando incluso a sobrepasar el a\u00f1o de tramitaci\u00f3n en las grandes capitales como Val\u00e8ncia y Alicante\u00bb. A su vez, tambi\u00e9n las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad y Pol\u00edticas Inclusivas \u00abdemoran la resoluci\u00f3n de los expedientes m\u00e1s all\u00e1 de los tres meses preceptivos, una vez recibidos los citados informes-propuesta\u00bb.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n, recalca, \u00abno ha dado respuesta \u00e1gil a las situaciones de necesidad cotidiana de personas en riesgo o situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n social y de ah\u00ed puede resultar que, a menudo, estas personas sigan siendo atendidas por entidades sin \u00e1nimo de lucro que desarrollan programas de emergencia dirigidos a cubrir necesidades b\u00e1sicas de alimentaci\u00f3n, vestido, energ\u00eda, etc\u00bb.<\/p>\n
Sin embargo, a tenor de las quejas recibidas por el S\u00edndic de Greuges, la situaci\u00f3n de atasco en las demoras de los expedientes de la Renta Valenciana de Inclusi\u00f3n \u00abno resulta significativa\u00bb en Castell\u00f3n y su provincia. La mayor\u00eda de las quejas originadas en esta provincia est\u00e1n relacionadas con el \u00e1rea de la sanidad, por problemas de demora asistencial sanitaria, as\u00ed como de empleados sanitarios por el Consorcio Hospitalario entre la Diputaci\u00f3n y la Conselleria.<\/p>\n
DEPENDENCIA<\/p>\n
Por otro lado, la instituci\u00f3n refleja que, un a\u00f1o m\u00e1s, contin\u00faan siendo muy numerosas las quejas presentadas por demoras en la resoluci\u00f3n del programa individual de atenci\u00f3n (PIA) en los expedientes de dependencia.<\/p>\n
La descentralizaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de los expedientes de dependencia en su primera fase (tramitaci\u00f3n de la solicitud, grabaci\u00f3n y valoraci\u00f3n) hizo asumir a los ayuntamientos una carga de trabajo \u00abpara la que no estaban preparados y, en muchos casos, siguen sin estarlo, a pesar de los incrementos de medios personales y materiales producidos por el aumento de las subvenciones de la Conselleria\u00bb.<\/p>\n
Las demoras llegan a superar los 16 meses en alguno de los centros de valoraci\u00f3n de discapacidad, \u00aba pesar de tratarse de un procedimiento considerado de emergencia ciudadana (y su resoluci\u00f3n deber\u00eda producirse en un plazo m\u00e1ximo de tres meses)\u00bb.<\/p>\n
Por ello, el S\u00edndic abri\u00f3 una queja de oficio y record\u00f3 a la Conselleria de Igualdad y Pol\u00edticas Inclusivas la obligaci\u00f3n legal de resolver las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad en el plazo de 3 meses.<\/p>\n
Por otra parte, de nuevo en 2019 se han repetido las quejas sobre las demoras en la asistencia sanitaria, tanto en el \u00e1mbito de la atenci\u00f3n primaria como de la atenci\u00f3n especializada (intervenciones quir\u00fargicas y pruebas m\u00e9dicas).<\/p>\n
En protecci\u00f3n de menores, la gran mayor\u00eda de quejas tramitadas han sido iniciadas por familias acogedoras o por profesionales que atienden a los menores que se encuentran bajo alguna medida de protecci\u00f3n y el defensor del pueblo ha destacado que se enfrenta a situaciones donde \u00abresulta evidente la falta de coordinaci\u00f3n entre \u00f3rganos directivos de la misma Conselleria de Igualdad y Pol\u00edticas Inclusivas (Infancia y Adolescencia y Diversidad Funcional) as\u00ed como con la Conselleria de Sanidad Universal\u00bb.<\/p>\n
En cuanto a la violencia de g\u00e9nero, el S\u00edndic ha detectado que la ineficacia de las medidas de inserci\u00f3n sociolaboral y de acceso a una vivienda, por infradotaci\u00f3n presupuestaria, \u00abdificultan que las v\u00edctimas alcancen su recuperaci\u00f3n integral, consiguiendo independencia econ\u00f3mica y superando circunstancias precarias\u00bb.<\/p>\n
BARRACONES<\/p>\n
En Educaci\u00f3n, el estado de las infraestructuras o la falta de educadores en educaci\u00f3n especial tambi\u00e9n ha sido motivo de numerosas quejas mientras que el funcionamiento de los centros de atenci\u00f3n temprana (CAT) motiv\u00f3 la apertura de una investigaci\u00f3n de oficio al tener conocimiento de que se duplicaba la ocupaci\u00f3n de plazas sin aumentar el n\u00famero de profesionales para atender a los menores, y que exist\u00edan problemas de lista de espera generados. La evoluci\u00f3n del problema ser\u00e1 objeto de seguimiento.<\/p>\n
Por otra parte, el S\u00edndic de Greuges ha continuado instruyendo expedientes que siguen poniendo de manifiesto las enormes dificultades que las administraciones p\u00fablicas valencianas encuentran para adjudicar una vivienda p\u00fablica a personas que lo necesitan, principalmente por la ausencia de un parque p\u00fablico con capacidad suficiente para absorber la importante demanda.<\/p>\n
LEY DEL S\u00cdNDIC<\/p>\n
Por \u00faltimo, la memoria recoge la necesidad \u00abincuestionable\u00bb de la reforma de la Ley 11\/1988 que regula el funcionamiento del S\u00edndic de Greuges, al haber quedado \u00ababsolutamente desfasada\u00bb esa norma despu\u00e9s de la modificaci\u00f3n de 2006 del Estatut d’Autonomia.<\/p>\n