Pablo Bustinduy<\/a>, cuyo departamento impulsa la iniciativa.<\/p>\nSeg\u00fan informaron fuentes del ministerio, su objetivo es adaptar la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola al nuevo mandato del art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n \u2013modificado hace un a\u00f1o\u2014y a la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<\/b>, as\u00ed como adaptar el Sistema de Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a la Dependencia (SAAD) \u00abal nuevo modelo de cuidados\u00bb que el Gobierno promueve desde la pandemia.<\/p>\nViviendas accesibles<\/h2>\n
En concreto, la norma prev\u00e9 modificar el art\u00edculo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal<\/b>, a fin de que todas las actuaciones para asegurar la accesibilidad universal resulten obligatorias, igual que las de estanqueidad o las relacionadas con la seguridad de los edificios.<\/p>\n
Se estima que unas 100.000 personas mayores o con discapacidad \u00abviven encerradas\u00bb <\/b>en sus domicilios por problemas de accesibilidad en sus casas o edificios. Muchas de ellas terminan en residencias.<\/p>\n
Para evitarlo, todas las administraciones con competencias en vivienda tendr\u00e1n que habilitar subvenciones y ayudas de cara a facilitar dichas obras. Adem\u00e1s, las comunidades de vecinos tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de solicitar aquellas opciones de financiaci\u00f3n para obras de accesibilidad<\/b> que los propietarios proporcionen. Si se niegan, estos podr\u00e1n acudir a la justicia. Esto es as\u00ed porque \u00abla accesibilidad universal\u00bb deja de considerarse como \u00abprincipio inspirador\u00bb de la norma y \u00abpasa a ser un derecho subjetivo\u00bb, destacan desde el Ministerio.<\/p>\n
Las mismas fuentes aclaran que estas reformas no se limitan a la supresi\u00f3n de barreras f\u00edsicas o a la adaptaci\u00f3n de elementos referidos a la movilidad. Su objetivo es asegurar la accesibilidad universal<\/b>, lo que incluye, por ejemplo, instalar videoporteros si alg\u00fan vecino con discapacidad auditiva lo solicita.<\/p>\n
La norma tambi\u00e9n prev\u00e9 rebajar el porcentaje del importe de las obras o actuaciones que los vecinos deber\u00e1n asegurar antes de recibir la subvenci\u00f3n \u2013pasa del 75 al 70%-. En su nueva redacci\u00f3n, la Ley de Propiedad Horizontal dejar\u00e1 claro que, en los casos de reformas encaminadas a asegurar la accesibilidad<\/b>, el periodo de repercusi\u00f3n de las 12 mensualidades de gastos comunes -que hasta ahora se entend\u00edan como tope a partir del cual los vecinos pod\u00edan rechazar reformas demasiado caras- ser\u00e1 en realidad de tantos a\u00f1os como las opciones de financiaci\u00f3n disponible lo permitan.<\/p>\nSalud sin exclusiones<\/h2>\n
En esta misma l\u00ednea de reconocimiento de derechos fundamentales, el anteproyecto insiste en garantizar la accesibilidad universal en el Sistema Nacional de Salud. Proh\u00edbe as\u00ed todo tipo de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de discapacidad a la hora de contratar seguros<\/b> de salud o de vida; regula el derecho a la autonom\u00eda personal, a la vida independiente y a la inclusi\u00f3n en la comunidad a trav\u00e9s de la rehabilitaci\u00f3n y la habilitaci\u00f3n y garantiza el respeto a la libertad de elecci\u00f3n de las personas con discapacidad en lo referente a sus opciones de vida independiente y en comunidad (donde vivir, con quien compartir domicilio, etc.).<\/p>\n
Por otro lado, el anteproyecto refuerza el derecho a la educaci\u00f3n inclusiva, Apuesta por promover una imagen social positiva de las personas con discapacidad y aclara la regulaci\u00f3n de los ajustes razonables. Tambi\u00e9n indica que las personas con discapacidad deben recibir los apoyos precisos en su relaci\u00f3n con el sistema sanitario<\/b>. Esto es, se deben asegurar condiciones de accesibilidad universal a estas personas a la hora de recibir un diagn\u00f3stico, someterse a un reconocimiento m\u00e9dico o prestar consentimiento para una intervenci\u00f3n o tratamiento, entre otros ejemplos. De no ser as\u00ed, los afectados podr\u00e1n denunciar estos incumplimientos ante los tribunales.<\/p>\n
Asimismo, el anteproyecto regula la creaci\u00f3n del Fondo Estatal de Accesibilidad Universal<\/b>, dirigido a proporcionar financiaci\u00f3n con la que sufragar medidas de accesibilidad universal en edificios y entornos p\u00fablicos (instalaci\u00f3n de rampas, colocaci\u00f3n de c\u00f3digos QR\u2026). \u00abEspa\u00f1a cuenta con una normativa vigorosa en materia de accesibilidad, Pero muchos de estos mandatos no se llevan a cabo por falta de recursos\u00bb, lamentan desde el Ministerio.<\/p>\n
El fondo se financiar\u00e1 por tres v\u00edas: saldos procedentes de ‘las cuentas durmientes’; recaudaciones por incumplimientos del r\u00e9gimen de infracciones y sanciones de la Ley General de Discapacidad, y fondos del Programa estatal de Accesibilidad, una partida asignada en los Presupuestos Generales del Estado<\/b>.<\/p>\n
La norma tambi\u00e9n prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un registro estatal de tarjetas de estacionamiento<\/b> para personas con discapacidad, que agrupar\u00e1 los distintos modos de expedici\u00f3n existentes hasta ahora a fin de evitar fraudes. El texto dedica, asimismo, un art\u00edculo espec\u00edfico a las mujeres y a los menores con discapacidad<\/b>, en l\u00ednea con la redacci\u00f3n del art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\nUn 33% de discapacidad<\/h2>\n
A fin de reducir cargas administrativas, la nueva ley reconocer\u00e1 de forma autom\u00e1tica un 33 % de discapacidad a todas las personas que ya acrediten una situaci\u00f3n de dependencia<\/b>. \u00abSi alguien precisa de otra persona para realizar alg\u00fan tipo de actividad, es l\u00f3gico suponer que presenta una discapacidad\u00bb, explican desde el Ministerio. As\u00ed sucede al menos con el 98,5% de las personas dependientes.<\/p>\n
Se trata de \u00abponer a las personas en el centro\u00bb, destaca el texto aprobado hoy, que tambi\u00e9n ofrece m\u00e1s garant\u00edas a la hora de que los usuarios del SAAD puedan elegir sus apoyos. Entre otros puntos, no ser\u00e1n sancionados si rechazan un servicio<\/b> \u2013v\u00e9ase una plaza de residencia- que no les convence, y podr\u00e1n participar en la elaboraci\u00f3n de su Programa Individual de Apoyos (PIA).<\/p>\n
EL anteproyecto recoge y detalla adem\u00e1s dos definiciones, institucionalizaci\u00f3n y capacitismo<\/b>, y deja claro su intenci\u00f3n de acabar con ambas. En esta l\u00ednea, refuerza la prohibici\u00f3n de los espect\u00e1culos que denigren<\/b> o hagan mofa de personas por su condici\u00f3n de discapacidad -como los del bombero torero-, y los clasifica como ‘muy graves’ dentro del r\u00e9gimen de sanciones e infracciones que contempla la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este modo, se les podr\u00e1 imponer multas que van entre los 600.000 y el mill\u00f3n de euros.<\/p>\nDependencia<\/h2>\n
En lo referido a la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a la Dependencia, la norma pone fin a algunos de los recortes introducidos en el SAAD en 2012 y que a\u00fan no hab\u00edan sido eliminados. Acaba con la incompatibilidad entre algunas prestaciones que, aunque muchas comunidades aut\u00f3nomas ya la hab\u00edan suprimido, todav\u00eda permanec\u00eda en el marco legal estatal. Eso s\u00ed, no incluye ninguna financiaci\u00f3n extra para el sistema.<\/p>\n
El anteproyecto tambi\u00e9n contempla ampliar y reforzar la prestaci\u00f3n de la asistencia personal<\/b>, que dejar\u00e1 de ser una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica para incluirse en el cat\u00e1logo de servicios. Es decir, las administraciones auton\u00f3micas podr\u00e1n ofrecerla en su cartera de servicios de promoci\u00f3n de la autonom\u00eda personal, en lugar de limitarse a abonar sus costes.<\/p>\n
La reforma pone fin al per\u00edodo de carencia m\u00e1ximo de dos a\u00f1os de las prestaciones econ\u00f3micas para cuidados en el entorno familiar y recoge la posibilidad de que la ayuda a domicilio se extienda a otras \u00e1reas de la vida cotidiana de los usuarios<\/b>, como hacer la compra o acudir al m\u00e9dico.<\/p>\n
Otro de sus objetivos es permitir que personas sin v\u00ednculo familiar puedan actuar como cuidadores no profesionales de personas en situaci\u00f3n de dependencia. Por otra parte, refuerza las garant\u00edas para que todas las personas dependientes se beneficien de los servicios de teleasistencia avanzada<\/b> y establece nuevas tipolog\u00edas de viviendas en las que se pueden recibir apoyos. Hasta ahora, esto solo era posible en los domicilios particulares y en las residencias, pero la nueva norma Habla tambi\u00e9n viviendas compartidas o comunitarias.<\/p>\nMenos copago <\/h2>\n
Seg\u00fan el anteproyecto de ley, la vivienda habitual de la persona dependiente no se tendr\u00e1 en cuenta a la hora de calcular su capacidad econ\u00f3mica, pues el propietario no siempre puede obtener liquidez gracias a ella -muchas veces residen otros familiares-. Su c\u00f3mputo sol\u00eda resultar en copagos \u00abmuy \u00abonerosos\u00bb, sobre todo para los usuarios de residencias.<\/p>\n
Prev\u00e9 tambi\u00e9n establecer unos m\u00ednimos exentos de copago<\/b> a nivel nacional, cuyos criterios deber\u00e1n decidirse cada a\u00f1o en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. Por \u00faltimo, obliga a que todos los trabajadores de centros en los que se atienden a personas mayores y con discapacidad presenten certificados de penales que demuestren que no han cometido delitos de car\u00e1cter sexual.<\/p>\n<\/div>\n
Fuente: Discapacidad https:\/\/www.20minutos.es\/noticia\/5681555\/0\/luz-verde-anteproyecto-para-que-las-obras-accesibilidad-edificios-viviendas-sean-obligatorias\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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