Leemos en Discapacidad la siguiente noticia que os reproducimos de forma \u00edntegra: <\/p>\n
La aprobaci\u00f3n de la Ley 8\/2021<\/b>, hace ahora tres a\u00f1os, fue un gran avance de los derechos de las personas con discapacidad<\/b>, pues supone reconocer la capacidad jur\u00eddica de estas personas en las mismas condiciones de los dem\u00e1s y en todos los aspectos de la vida. Esto se traduce, en la pr\u00e1ctica, en que las personas con discapacidad, independientemente de su grado de discapacidad<\/a> f\u00edsica o intelectual<\/a>, pueden tomar decisiones sobre su propia vida y que, para tomar estas decisiones, solo ser\u00e1 necesario, un apoyo, que puede ser mayor o menor, pero no una sustituci\u00f3n de su voluntad.<\/p>\n Esto implica un cambio radical con respecto a la legislaci\u00f3n anterior, que establec\u00eda que algunas personas con discapacidad no ten\u00edan capacidad jur\u00eddica, es decir, las ‘incapacitaba’ judicialmente<\/b> y su voluntad era sustituida por la de figuras legales como la tutela o la patria potestad<\/b> prorrogada y rehabilitada. Ahora, en lugar de estas figuras existen otras, como el guardador de hecho<\/b>, cuya misi\u00f3n es proveerles de apoyos, o el curador<\/b>.<\/p>\n El fin de las incapacitaciones fue una buena noticia que el mundo asociativo en torno a la discapacidad celebr\u00f3 sin paliativos. Sin embargo, este mismo mundo asociativo reconoce que este radical cambio de paradigma est\u00e1 suponiendo tambi\u00e9n algunos \u2018da\u00f1os colaterales\u2019 <\/b>que, de no ser corregidos, pueden suponer una p\u00e9rdida de derechos adquiridos que se traduce, en algunos casos, en indefensi\u00f3n.<\/p>\n Se habla, sobre todo, de la p\u00e9rdida de ciertos derechos econ\u00f3micos<\/b> en los \u00e1mbitos tributarios y de Seguridad Social<\/a> o la posibilidad de tener acceso a justicia gratuita. Esto ha generado inseguridad jur\u00eddica<\/b>, afectando negativamente al acceso y percepci\u00f3n de deducciones y beneficios fiscales y prestaciones sociales por parte de personas con discapacidad<\/p>\n En Plena Inclusi\u00f3n han hecho un extenso informe<\/a> sobre cu\u00e1les est\u00e1n siendo algunos de estos efectos colaterales y recomienda a las administraciones y servicios jur\u00eddicos c\u00f3mo actuar para que esto no pase, como explica In\u00e9s de Araoz, coordinadora del \u00c1rea Jur\u00eddica de Plena Inclusi\u00f3n Espa\u00f1a<\/b>, \u00abcuando entr\u00f3 en vigor esta ley se cambiaron muchas leyes, pero hay otras que se han quedado sin tocar, y eso genera algunas lagunas e inseguridad jur\u00eddica\u00bb, asegura, \u00abhay mucha legislaci\u00f3n en la que a\u00fan aparecen los t\u00e9rminos ‘incapacidad’ o ‘tutor’. Esas normas, por un lado, se han quedado obsoletas, y como no han actualizado el t\u00e9rmino ‘incapacitaci\u00f3n’, se han quedado como vac\u00edas de sentido\u00bb. Este ‘vac\u00edo’ puede dar lugar a perjuicios<\/b> en los \u00e1mbitos que mostramos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n La Ley 35\/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas<\/a> (LIRPF) establece que existen una serie de exenciones o deducciones fiscales<\/b> a las que tienen derecho las personas con discapacidad, como de las ayudas p\u00fablicas para residencias, deducciones por rendimiento de trabajo, etc. Para poder beneficiarse de estas deducciones se tendr\u00e1, seg\u00fan la ley LIRFP, que acreditar \u00abun grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento\u00bb y si no se alcanza dicho grado, que son personas \u00abcuya incapacidad sea declarada judicialmente\u00bb.<\/p>\n Al no existir ya la ‘incapacidad’ se genera una inseguridad jur\u00eddica<\/b>, tanto para aquellas personas y sus familias que ya gozaban de los citados beneficios en el IRPF, como para aquellas que se enfrentan por primera vez a un procedimiento de provisi\u00f3n de apoyos.<\/p>\n \u00abHacienda ha sacado una nota interpretativa y han dicho que, para ellos, donde antes pon\u00eda ‘incapacidad’ ahora deber\u00eda poner curatela representativa<\/b>, pero si no est\u00e1 en una norma, es una interpretaci\u00f3n que se hace y es menos seguro jur\u00eddicamente, porque una norma t\u00fa la puedes alegar, pero un criterio interpretativo, no\u00bb, explica In\u00e9s de Araoz, \u00abpara que esto no se produzca, hay que modificar legislaci\u00f3n, no dejarlo a la interpretaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n Adem\u00e1s, como alegan desde Plena Inclusi\u00f3n, equiparar ‘incapacidad’ con ‘curatela representativa’ es hacer una interpretaci\u00f3n muy restrictiva, pues, como marca la Ley 8\/2021, \u00ablas curatelas representativas son excepcionales<\/b>, y esta interpretaci\u00f3n deja fuera de este derecho a las personas con discapacidad que est\u00e9n sometidas a medidas de apoyo de car\u00e1cter voluntario, como guarda de hecho<\/b> (sea o no representativa) o curatela asistencial\u00bb. Por otro lado, \u00abla existencia de una curatela no es indicativa de la intensidad de apoyo<\/b> que requiere una persona, sino de la inexistencia de medidas voluntarias o de una guarda de hecho adecuada y suficiente\u00bb.<\/p>\n Esto supone, por un lado, una discriminaci\u00f3n y, por otro, una p\u00e9rdida de derechos<\/b>, algo que est\u00e1n seguros en Plena Inclusi\u00f3n que no era la intenci\u00f3n del legislador.<\/p>\n El caso de la Seguridad Social<\/a> es bastante similar al de la ley de IRPF, pero con la diferencia de que en este caso s\u00ed han modificado la ley<\/b>, en su Disposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima quinta y lo han hecho de un modo muy restrictivo<\/b>. Al igual que ocurr\u00eda con el IRPF, se ped\u00edan que la persona con discapacidad tuviera un porcentaje del 65% o m\u00e1s o, en su defecto, que estuviera incapacitada judicialmente. Con esta disposici\u00f3n, se ha sustituido esa incapacitaci\u00f3n por \u00abpersonas para las que, como medida de apoyo a su capacidad jur\u00eddica y mediante resoluci\u00f3n judicial, se haya nombrado un curador con facultades de representaci\u00f3n plenas para todos los actos jur\u00eddicos<\/b>\u00ab.<\/p>\n Esto supone, como explica In\u00e9s, una interpretaci\u00f3n muy restrictiva<\/b>, \u00abincluso contraria a la propia ley, porque exigen para poder beneficiario de ciertos derechos una curatela representativa en la que personas \u2018requieran apoyos para todos los actos jur\u00eddicos\u2019, pero en ninguna sentencia en la que concedan la curatela va a poner eso<\/b>, porque la ley 8\/2021 pide individualizar, y poner ‘para todos los actos jur\u00eddicos’ es generalizar\u00bb, explica, \u00abprecisamente, uno de los casos que hemos recurrido fue uno en el que la persona tiene una curatela representativa con una sentencia en la que especifica en qu\u00e9 actos necesitaba esa curatela, que es como tiene que hacerse. Pero, como en lugar de ‘todos los actos jur\u00eddicos’ especifica unos cuantos, al pedir una prestaci\u00f3n, van a determinar que no cumple los criterios y se la van a denegar<\/b>\u00ab.<\/p>\n Desde Plena Inclusi\u00f3n, aunque aseguran que todav\u00eda no ocurre de manera masiva, reconocen que, de este modo, pueden denegarse, por ejemplo, prestaciones por hijo a cargo o pensiones no contributivas<\/b> que reciben muchas personas con discapacidad y \u00abque incluso es el \u00fanico ingreso que tienen\u00bb. Puede pasar, por un lado, que a las personas a las que se les revise pierdan esa prestaci\u00f3n porque la SS considere que ya no cumple las condiciones, y, por otro, las que no la tengan a\u00fan y la pidan, directamente no se la concedan porque no cumple los requisitos\u00bb.<\/p>\n Desde Plena Inclusi\u00f3n invitan a cambiar esta Disposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima quinta de la Ley de la Seguridad Social, pues \u201ccontraviene el esp\u00edritu del modelo de provisi\u00f3n de apoyos\u201d y que se extienda este derecho a personas con otro tipo de apoyos o curatelas, como las guardas de hecho con poderes de representaci\u00f3n amplios porque, \u201cla existencia de una curatela no es indicativa de la intensidad de apoyo que requiere una persona\u201d.<\/p>\nHay legislaci\u00f3n en la que a\u00fan aparecen los t\u00e9rminos ‘incapacidad’ o ‘tutor’. Esas normas se han quedado obsoletas y vac\u00edas de sentido<\/h1>\n
P\u00e9rdida de deducciones en el IRPF<\/h2>\n
Las curatelas representativas son excepcionales, y esta interpretaci\u00f3n deja fuera de este derecho a personas con otras medidas de apoyo<\/h1>\n
P\u00e9rdida de ayudas y pensiones de la Seguridad Social<\/h2>\n
Problemas con las entidades bancarias<\/h2>\n